La Sección Primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente un aparte del artículo 35 del Decreto 2520 de 1993 que obligaba a que el ministro de Hacienda estuviera presente para que la Junta Directiva del Banco de la República pudiera sesionar, deliberar y tomar decisiones. La decisión judicial aparece en un momento particularmente sensible para la relación entre el Gobierno y el Emisor.
















