Estado colombiano pidió perdón por Holocausto del Palacio de Justicia ante Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humano reunidos hoy en Brasilia, el Estado colombiano pidió perdón a las familias de las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia, derivado de la “toma” ejecutada el 6 de noviembre de 1985 por el grupo guerrillero M-19.
A las 6:00 de la mañana hora colombiana, la delegación colombiana en pleno, presidida por el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Miguel Samper Strouss, se puso de pie frente a los representantes de las víctimas de la retoma al Palacio de Justicia y con la vocería de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pidió perdón a nombre del estado.
Al iniciar la audiencia pública del Caso Rodríguez Vera y otros Vs. Colombia, en el marco del 49o Período Extraordinario de Sesiones de la Corte IDH en Brasilia, el Estado inició su intervención reconociendo la barbarie perpetrada hace 28 años durante lo que hoy se conoce como el Holocausto del Palacio de Justicia.
“Pido permiso al Señor Presidente, para que la delegación del Estado se dirija directamente a las víctimas y familiares de las víctimas con el propósito de realizar su reconocimiento de responsabilidad internacional. (…) Los hechos del Palacio de Justicia no tienen precedentes en nuestra historia reciente. Un hecho inmisericorde perpetrado a manos de los violentos”, expresó la directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación.
Además señaló: “Como lo indicó el Señor Presidente de la República doctor Juan Manuel Santos Calderón, en alguna de sus intervenciones en homenaje a las víctimas, ‘las heridas no han cicatrizado, el dolor por los caídos, la incertidumbre por los desaparecidos siguen vigentes en los corazones de su familiares’. Por ello, este es un momento de honor frente aquellas personas de las cuales aún no se tiene noticia cierta de su paradero, sus familiares y a quienes hoy acuden en calidad de víctimas a esta audiencia”.
El Estado colombiano pidió perdón públicamente a las víctimas y sus familias y ratificó su compromiso en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso.
“El Estado colombiano pide perdón a las víctimas y a sus familias. Nuevamente quisiera manifestar un absoluto respeto y consideración por todos ustedes. El Estado entiende que el tiempo transcurrido hasta hoy desde que ocurrieron los hechos ha traído como consecuencia que hayan perdido la confianza en el Estado y sus instituciones. Esperamos que este acto de reconocimiento contribuya a que las víctimas y sus familiares recuperen parte de esa confianza perdida, y lamenta profundamente que las acciones u omisiones del Estado hayan ahondado las profundas heridas generadas con los hechos ocurridos”, dijo Adriana Guillén.
También dijo: “Este compromiso no es mera retórica. El Gobierno está empeñado en aprovechar esta oportunidad histórica de construcción de paz, aprendiendo de las lecciones del pasado y “construyendo sobre lo construido”.
El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Diego García-Sayán, sostuvo que este tribunal internacional siempre ha destacado estos reconocimientos públicos como manifestaciones muy constructivas y “un paso fundamental para lograr la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas”. Asimismo, el Presidente de la CorteIDH resaltó el “Cambio favorable” de la estrategia del Estado colombiano y afirmó que se trata de un “paso muy positivo por las víctimas”.
A su turno, el Ministro de Justicia y del Derecho, Alfonso Gómez Méndez, ratificó el compromiso del Gobierno colombiano por esclarecer lo ocurrido hace 28 años y por resarcirles a las víctimas y a sus familias los derechos que les fueron vulnerados, y que en respuesta a ello el Estado ha trazado una nueva estrategia de defensa jurídica basada en el reconocimiento y en el perdón.
EL HOLOCAUSTO
El holocausto del Palacio de Justicia, en Bogotá, Colombia, se registró entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985, siendo presidente de Colombia Belisario Betancur, como consecuencia del asalto perpetrado por el grupo guerrillero M-19 al edificio ocupado por los altos tribunales judiciales, encabezados por la Corte Suprema y ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente a la sede del Congreso de la República y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial.
En desarrollo de lo que se denominó la “retoma” del Palacio, ejecutada por el Ejército y la Policia Nacional, se produjo un intenso combate con los integrantes del M-19, que tenían cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.
La noche del 7 de noviembre se desató un pavoroso incendio, cuyo origen no se ha establecido, en el cuarto piso, que se extendió a gran parte de la edificación y muchos de los rehenes, al igual que los guerrilleros resultaron calcinados.
Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados.
Además, otras 11 personas fueron consideradas como desaparecidos al no conocerse su paradero, número que se reduciría a 10 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común.
Los magistrados que murieron fueron los siguientes:
Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Fabio Calderón Botero
Pedro Elías Serrano Abadía
Darío Velásquez Gaviria
José Eduardo Gnecco Correa
Ricardo Medina Moyano
Alfonso Patiño Roselli
Carlos Medellín Forero
Fanny González Franco
Dante Luis Fiorillo Porras
Manuel Gaona Cruz
Horacio Montoya Gil
Otros funcionarios muertos fueron:
Lizandro Juan Romero Barrios, Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado
Carlos Horacio Urán Rojas, Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado
Luz Estella Bernal Marín, Abogada asistente del Consejo de Estado
Emiro Sandoval Huertas, Magistrado Auxiliar
Julio César Andrade Andrade, Magistrado Auxiliar
Jorge A. Correa Echeverry, Magistrado Auxiliar
María Teresa Muñoz de Jiménez, Auxiliar de magistrado de la Corte
Hermógenes Cortés Nomelín, Auxiliar de magistrado de la Corte
Isabel Méndez de Herrera, Auxiliar de magistrado de la Corte
Cecilia Concha Arboleda, Auxiliar de magistrado de la Corte
María Cristina Herrera Obando, Auxiliar de magistrado de la Corte
María Lida Mondol de Palacios, Auxiliar de magistrado de la Corte
Rosalba Romero de Díaz, Auxiliar de magistrado de la Corte
María Janeth Rozo, Auxiliar del Presidente de la Corte
Ruth Mariela Zuluaga de Correa, Auxiliar de magistrado de la Corte
Ana Beatriz Moscoso de Cediel, Auxiliar de magistrado de la Corte
Libia Rincón Mora. Auxiliar de magistrado de la Corte
Nury Soto de Piñeros, Auxiliar de magistrado de la Corte
Aura María Nieto de Navarrete, Auxiliar Consejo de Estado
Blanca Inés Ramírez de Angulo, Auxiliar Consejo de Estado
Jaime Alberto Córdoba Ávila, Auxiliar Consejo de Estado
María Teresa Barrios Rodríguez, Auxiliar Consejo de Estado
Entre las víctimas mortales figuran también los siguientes empleados de las instalaciones:
Luis Humberto García, Conductor
José Eduardo Medina Garavito, Conductor
Plácido Barrera Rincón, Conductor
Jorge Tadeo Mayo Castro, Administrador del Palacio de Justicia
Gerardo Díaz Arbelaéz, Vigilante de COBISEC
Carlota Sánchez de Monsalve, ascensorista del Palacio de Justicia
Ademas, en desarrollo del intercambio de balas, fueron alcanzados por los combates
Gustavo Ernesto Ramírez Riveros, visitante del Palacio de Justicia.
Marína Isabel Ferrer de Velázquez, visitante del Palacio de Justicia.
René Francisco Acuña Jiménez, era un transeúnte, fue alcanzado por las balas de los combates, muere en la calle.
LOS DESAPARECIDOS
Los desaparecidos del Palacio de Justicia son el administrador y siete trabajadores de la Cafetería, más tres visitantes ocasionales. Ellos son:
Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería
Cristina del Pilar Guarín Cortés, hacía un remplazo en la cafetería
David Suspes Celis, trabajaba como chef de la cafetería
Bernardo Beltrán Hernández, mesero de la Cafetería
Héctor Jaime Beltrán, también mesero de la cafetería
Gloria Estela Lizarazo Figueroa, encargada del autoservicio
Luz Mary Portela León, empleada de la cocina
Norma Costanza Esguerra, contratista proveedora de la cafetería
Gloria Anzola de Lanao, abogada, entró como visitante al parqueadero del Palacio
Luz Amparo Oviedo, llegó a la cafetería del Palacio a buscar empleo
El único cuerpo que se ha encontrado hasta ahora es el de Ana Rosa Castiblanco, quien realizaba oficios varios en la cocina.
En el caso de la guerrillera Irma Franco Pineda, se afirma que logró salir viva del edificio del Palacio de Justicia junto a la también guerrillera Clara Helena Enciso camuflándose entre rehenes liberados y fueron conducidas a la Casa del Florero, donde el Ejército identificaba a rehenes y coordinaba operaciones de retoma. De allí fueron llevadas al Cantón Norte del Ejército, donde desaparecieron.
Esta es la declaración de reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado colombiano por Holocausto del Palacio de Justicia
Un reconocimiento parcial sobre su responsabilidad en el holocausto del Palacio de Justicia, ratificó este martes el Estado Colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sesión realizada en Brasilia, la capital de Brasil.
El texto integral de la declaración es el siguiente:
INTERVENCIÓN ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO RODRIGUEZ VERA Y OTROS VS. COLOMBIA
Reconocimiento de responsabilidad
1. Introducción.
Buenas días.
Excelentísimos Jueces de la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ilustres representantes de las víctimas, señores delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores funcionarios que integran la delegación del Estado colombiano. Señoras y señores. Presento un amable saludo al Supremo Tribunal Federal de Brasil y al Tribunal Superior del Trabajo, gracias por su invitación y hospitalidad y un saludo especial y respetuoso a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los hechos que ocupan nuestra atención en esta audiencia.
Pido permiso al Señor Presidente, para que la delegación del Estado se dirija directamente a las víctimas y familiares de las víctimas con el propósito de realizar su reconocimiento de responsabilidad internacional.
La declaración que a continuación efectúo la realizo en representación del Estado colombiano en mi condición de Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en desarrollo de mis competencias legales y avalada y autorizada por el Gobierno Nacional. También la realizo como ciudadana, como colombiana.
Los hechos del Palacio de Justicia no tienen precedentes en nuestra historia reciente. Un hecho inmisericorde perpetrado a manos de los violentos.
De este hecho se derivaron otros muchos, también dolorosos. Como lo indicó el Señor Presidente de la República doctor Juan Manuel Santos Calderón, en alguna de sus intervenciones en homenaje a las víctimas, “las heridas no han cicatrizado, el dolor por los caídos, la incertidumbre por los desaparecidos siguen vigentes en los corazones de su familiares”. Por ello, este es un momento de honor frente aquellas personas de las cuales aún no se tiene noticia cierta de su paradero, sus familiares y a quienes hoy acuden en calidad de víctimas a esta audiencia.
El Estado colombiano lamenta profundamente su dolor, su incertidumbre y sus circunstancias especiales. El Estado colombiano no cesará en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso. Este compromiso no es mera retórica. El Gobierno está empeñado en aprovechar esta oportunidad histórica de construcción de paz, aprendiendo de las lecciones del pasado y “construyendo sobre lo construido”.
El presente reconocimiento de responsabilidad es una manifestación de este empeño, busca dar una respuesta ponderada y racional a las pretensiones de las víctimas. Este reconocimiento es producto de un análisis profundo y objetivo de los hechos. Un trabajo serio, riguroso que no olvida en ningún momento el respeto por las víctimas.
2. Ratificación del reconocimiento de responsabilidad parcial del Estado.
El día 17 de octubre del año en curso, el Estado presentó el primer reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos de la señora Yolanda Santodomingo Albericci y el señor Eduardo Matson Ospina, por acción, debido a la violación de los derechos a la libertad personal y a la integridad personal.
Por omisión, frente a la vulneración de las garantías judiciales y la protección judicial.
Todo, en relación con la violación del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como respecto de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Dicho reconocimiento también se extendió a la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de estas dos víctimas, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esa misma oportunidad se aceptó responsabilidad internacional, por omisión, debido a la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como de la obligación consagrada en el inciso 3 del artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor José Vicente Rubiano Galvis y el señor Orlando Quijano.
En desarrollo de dicho reconocimiento, y en el marco de la presente audiencia, quisiera de manera pública ratificar estas manifestaciones y pedir perdón a Yolanda, Eduardo, Orlando y José Vicente por la violación de sus derechos.
Asimismo, el Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional:
• Por acción, por la violación de los derechos a la personalidad jurídica (art. 3), a la vida (art. 4), a la integridad personal (art.5), a la libertad personal (art. 7), y por omisión, por violación a las garantías judiciales (art. 8), a la protección judicial (art. 25) en relación con lo ocurrido a la señora Irma Franco Pineda y al señor Carlos Augusto Rodríguez Vera.
– Por omisión, por la violación de los derechos a la integridad personal (art. 5), libertad de conciencia y de religión (art 12), a las garantías judiciales (art. 8) y la protección judicial (art. 25), en relación con los familiares de la señora Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera.
– Por omisión, por violación de los derechos a la personalidad jurídica (art. 3), la integridad personal (art.5), a las garantías judiciales (art. 8), y a la protección judicial (art. 25) en relación con las señoras Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Isabel Anzola Mora y los señores David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes.
Esta manifestación obedece a que se ha establecido que estas personas se encontraban al interior del Palacio de Justicia para el momento del asalto y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero.
– Por omisión, por la violación de los derechos a la integridad personal (art. 5), libertad de conciencia y de religión (art 12), las garantías judiciales (art. 8) y la protección judicial (art. 25), frente a los familiares de las señoras Cristina del Pilar Guarín Cortés, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Isabel Anzola Mora y los señores David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes.
– Por omisión, por la violación a los derechos a la personalidad jurídica (art. 3), a las garantías judiciales (art. 8) y a la protección judicial (art.25), en perjuicio de la señora Ana Rosa Castiblanco, por el retardo injustificado del Estado en identificar y entregar sus restos.
– Por omisión, por la violación de los derechos a la integridad personal (art. 5), libertad de conciencia y de religión (art 12), las garantías judiciales (art. 8) y la protección judicial (art. 25), en relación con las familiares de la señora Ana Rosa Castiblanco.
– Por omisión, por violación del derecho a la vida (art.4), a las garantías judiciales (art. 8) y a la protección judicial (art. 25) en relación con el señor Carlos Horacio Urán, debido a que el Estado no ha podido determinar las circunstancias en las cuales se produjo su muerte.
– Por omisión, por la violación de los derechos a la integridad personal (art. 5), las garantías judiciales (art. 8) y la protección judicial (art. 25), en relación con las familiares del señor Carlos Horacio Urán.
Por todo lo reconocido, el Estado colombiano pide perdón a las víctimas y a sus familias. Nuevamente quisiera manifestar un absoluto respeto y consideración por todos ustedes.
El Estado entiende que el tiempo transcurrido hasta hoy desde que ocurrieron los hechos ha traído como consecuencia que hayan perdido la confianza en el Estado y sus instituciones.
Esperamos que este acto de reconocimiento contribuya a que las víctimas y sus familiares recuperen parte de esa confianza perdida, y lamenta profundamente que las acciones u omisiones del Estado hayan ahondado las profundas heridas generadas con los hechos ocurridos.
