Iván Cepeda pide medidas cautelares ante CIDH en proceso que adelanta Procuraduría en su contra
La defensa del legislador Iván Cepeda solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares dentro del proceso iniciado en su contra por la Procuraduría por presuntas faltas de abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia, se informó este sábado.
La petición está contenida en un escrito del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo dirigido al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
«La defensa le solicitó a la CIDH que la Procuraduría suspenda las actuaciones que viene llevando contra el congresista Cepeda, en tanto su resultado puede ser la de una inhabilitación para ejercer cargos públicos en flagrante violación del artículo 23.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos», añade un comunicado del colectivo.
Igualmente, la defensa pidió que la Comisión le solicite al Estado colombiano la suspensión «inmediata» de los procedimientos disciplinarios contra Cepeda, del partido opositor Polo Democrático Alternativo.
Los juristas aseguran que a raíz de dicho proceso se ven amenazados los derechos políticos del legislador, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial que el Estado tiene obligación de garantizar.
Esta es la segunda solicitud de medidas cautelares que se hace desde Colombia ante la CIDH, relacionada con las actuaciones del procurador Alejandro Ordóñez, luego de que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, pidió la misma clase de decisión hace algunas semanas.
Ordóñez, cabeza del Ministerio Público y cuya misión es controlar y fiscalizar en el ámbito disciplinario a los funcionarios, cesó e inhabilitó a Petro durante 15 años por una supuesta mala gestión en una crisis de basuras desatada en Bogotá en diciembre de 2012.
En septiembre del presente año, Cepeda recusó a Ordóñez por considerar que no puede investigarlo con independencia e imparcialidad y que tendría un interés indirecto en el resultado del proceso disciplinario en su contra, al tener la posibilidad, a través del mismo, de sancionarlo o inhabilitarlo como contradictor político.
El parlamentario señaló en esa oportunidad, la estrecha relación personal y política entre el procurador Ordóñez y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien interpuso la queja disciplinaria en la cual se fundamentó la apertura de la investigación.
