Oportunidad histórica
Por: General Óscar Naranjo
Durante los últimos años, el término ‘colombianización’ de México se ha mencionado equivocadamente como un concepto vinculante de la violencia narcotraficante que padecen nuestras naciones. La verdad es que tratar de explicar el proceso criminal que enfrentamos simplificando la realidad en un paralelismo arbitrario nos ha llevado a comparaciones ciertamente odiosas.
Ahora que se inicia un nuevo mandato democrático, liderado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha expresado que tiene el propósito trascendente de producir un cambio paradigmático de la política de seguridad, inspirado en la sensibilidad por las víctimas y centrado en la protección de la vida, los derechos y libertades, se abre una oportunidad para aplicar lecciones aprendidas en esta materia. Lecciones que señalan, entre otras cosas, que la política de seguridad debe instalarse como una política de Estado y no de partido o de gobierno, y tiene en este sentido la vocación de renovar un verdadero pacto social incluyente, que asuma la seguridad como un valor democrático, sin el cual la libertad, los derechos y la convivencia pacífica son simplemente aspiraciones retóricas o solamente anarquía.
Entendemos por la apertura política y visión pragmática que transmite el nuevo Presidente y su equipo de gobierno, que también llega, en buena hora, una política de seguridad con enfoque nacional, pero concebida con el propósito de incrementar la cooperación internacional y ser particularmente solidaria con la tragedia que padecen los países centroamericanos, que esperan del Estado mexicano un liderazgo basado en acciones eficaces.
En la política de seguridad como política de Estado con enfoque nacional y alcance regional, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de regreso al poder después de 12 años de gobiernos sucesivos del Partido Acción Nacional (PAN), le otorga una importancia estratégica a la lucha contra la corrupción, pues entiende bien que derrotar la desconfianza ciudadana es un imperativo que genera un verdadero círculo virtuoso para cerrarle espacio al delito y acredita los compromisos de campaña de que no habrá pacto ni tregua con los delincuentes.
La seguridad como multiplicador de confianza y la conducción coordinada de las instituciones y estrategias son el desafío inmediato, que, seguramente, le permitirá al gobierno que arrancó ayer acumular victorias tempranas, con la determinación de reducir la violencia y enfrentar el narcotráfico, y probar, en un ambiente de escepticismo general, que, mientras el sistema político y jurídico vigente no cambie, no hay lugar a claudicar o desfallecer en la obligación de someter a la ley a los mafiosos, cualquiera sea su origen.
El presidente Enrique Peña comienza su mandato impulsando cambios estructurales, que tienen el propósito de focalizar la conducción política de la seguridad y garantizar que la Secretaría de Gobernación logre armonizar las capacidades de los municipios, los estados y las autoridades federales, y, obedeciendo así a una larga tradición y cultura política federal, se superen graves niveles de desconfianza y descoordinación interagencial.
A lo largo de los últimos años, el gobierno del presidente Felipe Calderón fortaleció las capacidades institucionales del estamento militar, de la Marina y la Policía Federal, cambios que seguramente permitirán en esta nueva etapa construir sobre lo ya construido y avanzar en el mejoramiento de la competencia y eficacia de la justicia para combatir los niveles de impunidad tan cuestionados por distintos sectores de la sociedad mexicana y desarrollar estrategias diferenciales contra el crimen, que signifiquen, por ejemplo, que los homicidas y asesinos serán procesados y condenados como primer paso para restablecer el carácter de la vida como valor supremo, superlativo e inviolable.
