Con recusación en mano Petro busca intervención del Senado
El abogado del alcalde Gustavo Petro, Juan Carlos Ortiz manifestó que su cliente no cuenta con las garantías jurídicas suficientes en el proceso que se adelanta en su contra en torno a las irregularidades presentadas en el nuevo esquema de aseo en la capital, tras conocerse que será el mismo Procurador quien resuelva el recurso de reposición interpuesto en contra de la sanción emitida por la Sala Disciplinaria en contra del mandatario distrital.
Ortiz considera que es inadmisible que sea el Procurador General quien se encargue de este proceso, más aún si se tiene en cuenta que fue el mismo Ordóñez Maldonado quien asumió la “vocería institucional” del fallo pues fue la persona que dio a conocer a esta decisión ante los medios de comunicación.
Es por esto que la recusación en contra de la Procuraduría busca que sea el Senado que decida sobre ese recurso presentado “acudimos a la recusación contra el Procurador, para que el Senado decida (…) los instrumentos legales permiten un árbitro imparcial, dada la gravedad de la sanción”. Afirmó Ortiz.
Señaló que la sanción impuesta al Alcalde de Bogotá “es un atentado constitucional” cometido por el Procurador Ordóñez dado que “es evidente que hay una carga ideológica contra el Alcalde Petro”.
La defensa del Alcalde Distrital, Gustavo Petro, radicó tres documentos mediante los cuales buscan que el fallo proferido contra el mandatario no sean efectivos.Un recurso de recusación, una reposición y una solicitud de pruebas fueron los 3 documentos con los cuales la defensa de alcalde de Bogotá Gustavo Petro busca ganar la batalla jurídica para continuar en su cargo que inició desde el año 2012.
Con la solicitud de pruebas, la cual fue presentada ante la Procuraduría, los abogados defensores buscan que estas sean consideradas y apoyen el recurso de reposición presentado. Una de las pruebas solicitadas fue la realizada por el mismo Consejo de Estado al Ministerio Público, mediante la cual pidió conocer el número de sanciones disciplinarias impuestas a funcionarios públicos elegidos por voto popular y que fueran de un tiempo similar al proferido al alcalde Petro.
Otras de las pruebas que pidió la defensa de Petro, fueron los estudios realizados por la Secretaría de Salud y por la Universidad Nacional para que se esclarezca si hubo o no afectación en la salud y el medio ambiente durante los días que se presentó el problema con la recolección de las basuras en la capital colombiana, al igual que pruebas testimoniales que según la defensa no fueron tenidas en cuenta antes del fallo.
