Jueces enfrentan al procurador
Para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, los últimos acontecimientos judiciales alrededor de la destitución que le impuso la Procuraduría son una “victoria democrática transitoria”. Tres fallos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y una decisión del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sobre 300 tutelas ordenaron suspender el fallo del Ministerio Público hasta que el Consejo de Estado defina de fondo la legalidad del mismo. Ahora, los magistrados que controvirtieron el fallo disciplinario denunciaron que algunas disposiciones de la Procuraduría rayan en lo penal.
Juan Carlos Garzón, magistrado del Tribunal de Cundinamarca, fue el primero en fallar a favor de Petro. Él mismo, en la revisión de los argumentos de la Procuraduría para que no fallara a favor del alcalde, encontró que ese organismo le advertía que quien se animara a fallar en contra de la potestad del Ministerio Público, se debería atener a las consecuencias jurídicas.
“Para la Sala no son de recibo los argumentos de defensa del órgano de control (la Procuraduría) cuando afirma que debe negarse la protección constitucional porque una decisión diferente traería consigo consecuencias desafortunadas para el funcionario judicial que la adopte. Al respecto, sostiene la Sala que esta afirmación va en contravía de la buena fe procesal y atenta contra el principio de independencia judicial, dado que está destinada a intimidar al órgano judicial”, dijo el presidente del Tribunal, el magistrado Carmelo Perdomo.
La Procuraduría, por su parte, como el alcalde Gustavo Petro no se notificó personalmente del fallo en su contra, fijó el edicto mediante el cual se le informa de la sanción que se le impuso de destitución y 15 años de inhabilidad por los traumatismos causados con el cambio del esquema de aseo en la ciudad. El magistrado Perdomo advirtió que mientras el Consejo de Estado no revise la legalidad del fallo, la sanción, y en consecuencia ese edicto, quedan suspendidos provisionalmente.
La administración de Bogotá, por su parte, celebró que el Tribunal de Cundinamarca advirtiera que la votación que decidirá la revocatoria o no, programada para el próximo 2 de marzo, debe realizarse. El secretario de Gobierno, Guillermo Jaramillo, dijo que espera que las votaciones sean convocadas sin dilaciones. “Siempre hemos insistido que no hay nada mejor que sea el pueblo quien decida. Recordemos el artículo 23 de la Constitución: ‘la soberanía recae en el pueblo’. Nosotros estamos dispuestos a aceptar la soberanía del pueblo”, señaló. Sin embargo, cabe aclarar que la administración interpuso todo tipo de recursos jurídicos, como tutelas, para dilatar ese mecanismo de participación que hoy podría refrendar su gobierno en Bogotá.
Existe otro debate sobre la importancia del edicto de la Procuraduría. Algunos juristas señalan que no tiene efecto hasta tanto el Consejo de Estado decida sobre la legalidad del fallo, mientras otros sostienen que el edicto, por más que se suspenda, deja al gobierno de Petro en la interinidad. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos mantuvo el tono de sus declaraciones sobre el tema: “Vamos a respetar la Constitución, la ley y los fallos de la justicia, y esperaremos a que evolucione esta situación para poder proceder, pero cualquier fallo de la justicia lo vamos a respetar». Una declaración que deja entrever que, por ahora, Petro conservará su silla.
