La desigualdad de los colombianos ante la Ley
Por: Ricardo Galán
La Constitución de Colombia reza que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley. La realidad nos enseña que por lo menos para nuestro sistema de administración de justicia hay unos más iguales que otros.
Para la justicia colombiana tiene más derecho a la vida una asesina condenada que sus víctimas.
Para la justicia colombiana quienes defraudan al Estado (Carrusel de la Contratación) o la fe pública (InterBolsa) tienen derecho a ser detenidos en cárceles de 5 estrellas (Casas Fiscales) o en sus propias residencias, con pasajes aéreos para el traslado y guardias a domicilio a cargo del Estado. Es decir, de toda la sociedad.
Para la justicia colombiana es menos grave defraudar en miles de millones de pesos a un ciudad como Bogotá, que equivocarse por tratar de ahorrar uno cuantos pesos. Lo primero se castiga con suspensión de 90 días. Lo segundo con destitución en inhabilidad de por vida para ejercer cargos públicos.
En Colombia, los jerarcas del sistema judicial se van de vacaciones para no ver a sus subalternos liberar asesinos de periodistas en vísperas de navidad. Devolver a su casa al chofer borracho que asesinó a una niña con un “vuelva mañana” como único argumento. O permitir que a cambio de delatar a sus cómplices, un ladrón confeso de cuello blanco derroche dineros del Estado producto de su botín, en costosos conciertos y rumbas públicas en un claro desafío a la paciencia y tolerancia de los ciudadanos.
En Colombia, la administración de justicia permite que poderosas multinacionales desconozcan sus propios fallos o prefieran pagar las multas que cumplir la ley.
En Colombia, la Constitución reza que todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley. El problema es que hay unos colombianos más iguales que otros. Especialmente si son delincuentes de cuello blanco.
