La locomotora minera se queda varada
Son cada vez más frecuentes las voces autorizadas que señalan la evidente parálisis que está sufriendo el sector minero, que fue incluido en el plan de desarrollo del Gobierno como una de las locomotoras del desarrollo y que a decir de los entendidos en los dos últimos años parece haber sido dejada de lado por una combinación de factores que incluye el ambiente hostil hacia el sector desde distintos sectores políticos y ambientales, la indefinición de las autoridades en temas en asuntos como la determinación de parámetros técnicos para la exploración y explotación de los recursos y la incertidumbre acerca de la magnitud de recursos con que se cuenta, como en el caso del petróleo y el gas.
En lo que va del Gobierno por el Ministerio de Minas han desfilado cuatro ministros, la Agencia Nacional de Minería no ha logrado consolidarse institucionalmente, se adoptaron más de 12 medidas de tipo tributario y se presentaron más de 50 proyectos de ley para modificar distintos aspectos de la industria minera y petrolera, incluyendo una modificación a las regalías que recibe los gobiernos nacional y regional por la explotación de recursos. En el caso petróleo, resulta incuestionable que el país necesita encontrar nuevos yacimientos que permitan asegurar el futuro más allá de continuar “exprimiendo” los yacimientos existentes y considerar la producción de un millón de barriles como una meta, cuando en realidad es solo una ilusión que en cualquier momento puede hacer aterrizar a una realidad dolorosa.
El análisis de la Asociación Colombiana de Petróleo es crudo y debe llevar a una reflexión seria: si el país quiere cumplir sus metas fiscales de mediano plazo, en la próxima década debe doblar sus reservas petroleras hasta alcanzar un nivel de 5.100 millones de barriles, de un nivel hoy un poco superior a los 2.500 millones. En el corto plazo esto no parece realizable, si se tiene en cuenta que en 2013, la exploración cayó en poco más de 10%. Nuevamente, aquí las reglas de juego parecen estar en el orden del día de las preocupaciones. Los proyectos de ley que cursan en el Congreso implican un cambio sustancial de las normas vigentes, como el cobro del ICA a las petroleras, la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, la licencia ambiental para la sísmica y la indefinición en el mecanismo de la consulta previa. Siendo este un sector que requiere grandes inversiones y una maduración de mediano plazo, no es para nada un estímulo a la confianza.
La explotación de los recursos naturales debe ser sostenible ambientalmente, pero se debe entender que toda actividad extractiva tiene un impacto sobre el medio y que el objetivo debe ser minimizarlo al máximo. Así, las autoridades ambientales deben ser realistas y dar absoluta claridad a la industria, incluyendo la agilidad en los trámites.
