Hay 250 mil caleños en alto riesgo por disputa entre “bandas criminales”

La Defensoría del Pueblo acaba de presentar el informe de riesgo 002-14 para la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, ante la persistente influencia de milicias de la guerrilla en los sectores aledaños a la ciudad, y la situación de violencia que ejercen los grupos armados ilegales ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ en los barrios más deprimidos de la capital del Valle y al menos 19 de los 42 municipios del departamento.

El informe advierte del alto riesgo en el que se encuentran cerca de 250.000 habitantes del 55 por ciento de las comunas en Cali, tanto por el inusitado incremento de grupos de delincuencia común que son cooptados por esas organizaciones para la comisión de acciones terroristas, extorsiones y amenazas, como por los enfrentamientos entre los grupos ilegales que a partir de actividades como el sicariato y el microtráfico pretenden ejercer un control territorial, hecho que afecta principalmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (2.134 inmersos en pandillas con presencia en 17 de las 22 comunas de la ciudad), quienes además de estar expuestos a las acciones de dichas estructuras, son instrumentalizados ante sus pretensiones por expandir la violencia, como viene ocurriendo en las ciudades de Medellín, Montería, Barranquilla y Bogotá.

Según el Sistema de Información y Red de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto de Medicina Legal, en lo corrido del año 2014 y hasta el 03 de febrero se registraron 142 homicidios en la ciudad de Cali. Datos oficiales de la Policía Nacional indican que el año pasado se presentaron 1.964 homicidios en esa capital, muy similar a lo registrado en 2011 (1.885 muertes violentas) y 2012 (1.861), lo cual ubica a Cali entre las ciudades más violentas del país con una tasa de 85,6 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Infortunadamente la situación de la capital vallecaucana no es un síntoma aislado, sino el reflejo de una realidad que golpea al departamento en su conjunto, pues durante el año 2013 registró 3.329 asesinatos, de los cuales al menos 1.371 fueron cometidos bajo la expresión del sicariato (809 en Cali). La presencia del frente 30 de las FARC, la Columna Móvil Arturo Ruíz y las compañías Libardo García, Miller Perdomo, Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Gabriel Galvis (responsable del reciente atentado en el municipio de Pradera, con saldo de una persona muerta y 56 heridas), sumada a una creciente influencia de “Rastrojos” y “Urabeños”, agravan el panorama de violencia, particularmente crítico en Cali, Buenaventura, Palmira y Tuluá, donde el año pasado se concentró el 74,6 por ciento de los homicidios y donde además coinciden las tres organizaciones en disputa por el control territorial y el narcotráfico.

Pero las alarmas no sólo están encendidas por la tasa de muertes violentas, que a nivel departamental ha sido la más alta del país durante los últimos cuatro años, sino también por delitos como el secuestro (con 38 casos y un incremento del 63 por ciento entre 2012 y el año inmediatamente anterior), y la extorsión (con 357 casos y un aumento del 60 por ciento), conductas criminales que lamentablemente ubican al Valle del Cauca en el primer y segundo lugar de ocurrencia a nivel nacional, y que como se indicó anteriormente, en muchas ocasiones son cometidos por la delincuencia común bajo el encargo de otras organizaciones más poderosas que cambiaron su “modus operandi” por una especie de “outsourcing” ilegal. Puntualmente en Cali y de acuerdo con el Gaula de la Policía Nacional, entre enero y noviembre de 2013 se denunciaron 115 casos de extorsión, muy superior a los 81 casos registrados en el mismo periodo de 2012, es decir un aumento del 42%, lo cual indica una relación entre el aumento de las denuncias y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en la ciudad.

No menos grave resulta el desplazamiento forzado, ahora matizado por una especie de chantaje mediante el cual se ofrece hasta un millón de pesos a quienes presten sus servicios a las estructuras delincuenciales, so pena del pago de una “multa” o el abandono de sus propiedades en defensa de su integridad personal. Según el Registro único de Víctimas administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, a 31 de diciembre del año pasado se registraron en el país 84.792 víctimas, de las cuales el 94 por ciento sufrieron el deslazamiento forzado. De ellas, 10.678 fueron expulsadas del Valle del Cauca, en tanto que en Cali durante los primeros 10 meses de 2013 habían sido registradas 5.427 víctimas de este fenómeno. De hecho, el pasado 3 de Febrero según información suministrada por la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis, se habría producido el desplazamiento de 37 personas en el sector 5 de Potrero Grande por presiones de “Los Urabeños”.

Este último informe de la Defensoría del Pueblo, que se suma a siete más para el departamento y a 10 notas de seguimiento desde 2008, se referencia en el accionar de los grupos guerrilleros y post-desmovilización de las AUC en 19 de los 42 municipios del Valle del Cauca, y advierte que en el caso de Cali los sitios con mayor vulnerabilidad en este momento corresponden a los barrios El Vallado, Brisas de Comuneros, Brisas de Las Palmas, El Retiro, Mojica, Mariano Ramos, Prados del Sur, Mario Correa Rengifo, Los Chorros, Alto Nápoles, Siloé, Belisario Caicedo, Brisas de Mayo, Lleras Camargo, Altos de Belén, Pízamos I y II y Potrero Grande, localizados en 12 comunas de la capital vallecaucana.

Ante este panorama, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un nuevo y vehemente llamado a las autoridades nacionales, regionales y locales, para que incrementen el presupuesto en materia de seguridad, fortalezcan la planta de fiscales y Policía Judicial así como la articulación entre las administraciones municipales y departamentales con la Fuerza Pública, a la vez que recomendó diseñar e implementar programas sostenibles de carácter social que permitan superar las condiciones de vulnerabilidad tanto en la ciudad de Cali como en el Valle del Cauca.