A propósito de las elecciones
Por: Jorge Enrique Robledo
En lo que al Polo Democrático Alternativo respecta, fracasó la conjura que desde distintos sectores se fraguó en su contra con el propósito de destruirlo, agresión en últimas motivada no por las actuaciones de miembros suyos sino por el profundo cambio que propone. Terminaron por salir adelante su programa, su voluntad de no traicionar sus convicciones, su respaldo a los reclamos ciudadanos y los esfuerzos de dirigentes, candidatos y voluntarios, todo lo cual confirmó al Polo como el principal proyecto político de la izquierda democrática colombiana. Y esto con la gracia adicional, que con cinismo oculta tanta derecha que forma opinión, de darse en unas elecciones que llevaron a su culmen las tradicionales corruptelas y constreñimientos a los electores y que ponen en ridículo los cacareos sobre la “democracia” nacional.
Que el Polo llegó para quedarse se explica porque sus aciertos le han ganado un amplio respaldo ciudadano, incluso entre quienes no tienen partido o provienen de otras banderías, pero que se identifican con sus concepciones principales. Y debía ser así, porque es de amplia y evidente conveniencia su propuesta de construir una convergencia nacional que pueda ganar que Colombia sí se relacione con el mundo pero no como un Estado vasallo, que proteja la producción industrial y agropecuaria nacional, incluida la del empresariado, que logre mejoras sustanciales en el nivel de vida de la Nación y que repudie la violencia para tramitar las diferencias entre los colombianos.
El nuevo Congreso será tan malo como el actual, dado el predominio de los partidos adictos a las fórmulas del Consenso de Washington que le niegan a Colombia cualquier posibilidad de resolver sus gravísimos problemas. Y se equivoca quien piense que esa especie de unanimismo en torno a un modelo económico y social inicuo, construido además a punta de mentiras y corruptelas, legitima políticamente lo ilegítimo y mantendrá al país anestesiado para siempre. La abstención, el voto en blanco y los sufragios nulos y no marcados, así como las luchas sociales de 2013 y el más de medio millón de votos limpios del Polo, muestran que crecen el anhelo de cambio y el repudio a lo que representa la clase política.
Con estas elecciones empezó en firme la campaña por la Presidencia, que se inicia con un muy mediocre respaldo a la reelección de Santos, con los restantes candidatos en condiciones de empate técnico y con una porción determinante de los ciudadanos sin una posición definitiva, por lo que cualquier cosa puede pasar, según unas encuestas cuyos resultados con frecuencia fallan pero que siempre sirven para manipular al electorado.
A estas alturas, es improbable que Santos gane en la primera vuelta, lo que implica que puede perder en la segunda, y más si los colombianos descubren su truco de envolver en las banderas del proceso de paz –proceso que el Polo respalda– el conjunto de sus políticas retardatarias, en un intento por repetir la maniobra de César Gaviria, quien se aprovechó de la justa euforia nacional por la entrega de las armas del M-19 para imponer la reforma neoliberal que le dio inicio al que puede ser el peor período, que aún no termina, de la historia republicana. Digamos, entonces, que proceso de paz sí pero Santos no, y que ojalá también fracase su objetivo de convertir en nuevos garzones a algunos izquierdistas.
Los candidatos presidenciales Santos, Zuluaga, Ramírez, Peñalosa y Rocha pueden definirse como juanmanueles, por tener las mismas posiciones, al igual que los Presidentes anteriores, sobre los asuntos medulares del país. De ahí la importancia de la candidatura de Clara López, que propone unir al país para salir de la violencia y superar el capitalismo subdesarrollado y corrupto, de trasnacionales y amigotes, y tantas carencias y sufrimientos de tantos, propuesta cuya validez no cambia aunque con Carlos Gaviria no hayamos convencido al CEN del Polo de que Rodolfo Arango era su fórmula vicepresidencial.
Coletilla uno: se confirma por qué el gobierno prefirió incurrir en el delito de prevaricato, antes que cumplir con la Ley 1475 de 2011, que ordenó usar el voto electrónico en los comicios de este año
