Presidente sancionó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Foto: Javier Casella – SIG
Los colombianos contarán con la ley de transparencia y acceso a la información pública para exigir su derecho a la información como un derecho fundamental. Con esta ley, Colombia se alinea a la tendencia regional de legislación sobre el derecho de acceso a la información que lideran México, Chile y más recientemente Brasil.
La ley empezará a regir en 6 meses para sujetos nacionales y en un año para territoriales. Su objetivo es hacer efectivos los principios de transparencia y máxima publicidad para vencer la cultura del secreto.
El Presidente Juan Manuel Santos afirmó que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por él sancionada este jueves, es “verdaderamente revolucionaria” y constituye “un paso más en la lucha” contra la corrupción.
El Mandatario durante el acto cumplido en la Casa de Nariño sostuvo que la información “es un derecho, no un privilegio. Por eso los ciudadanos ya no tendrán que acercarse a pedir la información, sino que el Estado estará en la obligación de brindársela”.
Y agregó que “la ley es garantista para todas las personas y tiene los “dientes” necesarios para garantizar el acceso a la información”.
Explicó que de acuerdo con la norma se invierte la carga de la prueba en favor del ciudadano, “quien ya no tendrá que explicar por qué requiere información del Estado –algo inaudito pues ¡ese es precisamente su derecho!–, sino serán los funcionarios quienes deban justificar si la información es reservada o clasificada, en caso de negarla”.
Subrayó que se termina con “el ‘confunde y reinarás’, pues toda la información deberá entregarse en un lenguaje comprensible para todos –repito: todos– los colombianos”.
La nueva ley entrará en vigencia dentro de seis meses para las entidades públicas de todas las ramas del Poder Público del orden nacional y dentro de un año para las entidades territoriales, indicó.
En este orden de ideas señaló que “vamos a acompañar, desde el Departamento Nacional de Planeación, con un crédito del Banco Mundial, a cerca de 300 municipios del país para su fortalecimiento institucional y la debida implementación de esta norma”.
También aseveró que con la ley “los órganos de control, los partidos políticos, los movimientos significativos de ciudadanos, los contratistas del Estado y las prestadoras de servicios públicos –y todo aquel particular que gestione recursos públicos, como las cámaras de comercio o las EPS– TAMBIÉN estarán obligados a brindar información”.
El Jefe de Estado afirmó que “una ley de esta naturaleza, además de reconocer los derechos de los ciudadanos, también les impone el deber de ayudarnos a cuidar los recursos de todos”.
E insistió en que la batalla contra la corrupción no solo compete al Estado y “es urgente que la sociedad esté comprometida a todo nivel con la erradicación de todas las prácticas de corrupción”.
Es “una lucha que implica también difundir la cultura de la legalidad desde el colegio, desde los hogares, y fomentar la participación de la comunidad”, concluyó el Presidente.
Entre los avances de la nueva ley se destacan:
– Las entidades públicas no serán las únicas obligadas a entregar información. También lo serán las personas naturales y jurídicas privadas que cumplan funciones públicas, las empresas prestadoras de servicios públicos y los partidos y movimientos políticos.
– Se establecen unos contenidos mínimos de la información que deben publicar, principalmente servicios y estructura de las organizaciones.
– Las entidades no pueden rechazar solicitudes de información por discrecionalidad, deben presentar pruebas y argumentos para reservarla.
– Se dan garantías para que los diferentes grupos étnicos y culturales accedan a la información que los afecta.
– Se obliga a hacer adecuaciones para que las personas con discapacidad también tengan acceso a la información.
Para periodistas e investigadores la ley será una herramienta que hará más fácil el acceso a la información de interés público. Ahora los recursos de insistencia se pueden presentar directamente ante el tribunal, sin intermediarios.
La ley es hoy una realidad gracias al trabajo de la Alianza Más Información Más Derechos*, tras 5 años de trabajo y promoción del derecho de acceso a la información pública y 4 desde el diseño y socialización del proyecto de ley.
La alianza agradece el apoyo de Open Society Foundations en este punto y a National Endowment for Democracy, a la Embajada Británica y a la Embajada de Canadá durante el proceso.
Por ello, la ley es una victoria del trabajo de la sociedad civil en conjunto con autoridades para lograr que primen los derechos y leyes que apuntan a una Colombia más democrática y transparente.
