‘Si no tenemos justicia que nos proteja, corresponde a Santos decir si quiere paz’
El mandatario de la capital, Gustavo Petro Urrego se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado que dejó en firme la determinación de la procuraduría sobre su destitución.
Petro manifestó que quedaba a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestara respecto a su situación, sin embargo, señaló que «si no nos quedara ni un centímetro de justicia, tenemos que construir la democracia con la movilización», añadiendo con la misma frase que “corresponde a Santos decir si quiere paz”.
En su discurso, se refirió en repetidas veces que tiene ahora Juan Manuel Santos la responsabilidad de decidir sobre su futuro político ya que la Procuraduría General le notificará en los próximos días el fallo al presidente quien tiene diez días hábiles para ejecutar la sanción disciplinaria. «Como ya no pueden matar físicamente, quieren matar moralmente y políticamente», añadió.
Cuestionando si el país será capaz de aceptar la diferencia, un trabajo que –afirmó- libró por dos años, Petro pasó a resaltar que durante su administración había logrado que ‘el agua potable fuera un derecho, dignificar a los recicladores y disminuir la violencia y pobreza en la capital’. «Aquí estamos para que se nos respete el voto popular», concluyó.
Con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General al alcalde de Bogotá.
En la sesión celebrada este martes, los magistrados avalaron los argumentos de la ponencia del togado Alfonso Vargas Rincón que indicaba que la Procuraduría Generaltenía las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.
La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso determinó que el alcalde de Bogotá todavía está en tiempo de radicar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la decisión tomada por el Ministerio Público.
Sin embargo, para los magistrados, el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto y “no se pueden cercenar” las facultades que tienen los organismos disciplinarios de vigilar e investigar el actuar de los funcionarios públicos.
