No se va a tener que recurrir a la tutela para acceder a los servicios médicos
Como parte la revisión que hace la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de Salud, aprobada por el Congreso el año pasado, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, explicó que con esta iniciativa el Gobierno no pretende acabar con la tutela, sino que en el futuro esta no va a ser necesaria para acceder a los servicios médicos en el país.
“La acción de tutela es algo excepcional lo que estamos buscando es ampliar la lista de lo que está incluido al interior del sistema. No es verdad como algunos dicen que esto va en contravía de la opción de tutela, al contrario ya no se va a tener que recurrir a esta figura para poder acceder a los servicios. Esto le facilita la vida a los Colombianos y descongestiona la justicia”, dijo el jefe de la cartera.
Según Cárdenas el plan de beneficios que tiene la iniciativa busca definir los servicios a los que los colombianos pueden acceder y agregó que este irá expandiéndose con el tiempo, “pues, tendrá día a día más recursos fiscales. Esto se hará de forma gradual en la medida en que el Estado colombiano tiene más y más capacidad”.
Con esta ley, dijo, “creemos firmemente que no solo vamos a lograr más facilidad en el acceso a los servicios sino más claridad para la población en cuanto a lo que está incluido en los planes beneficio, y lo vamos a hacer de una forma armónica con la sostenibilidad fiscal en Colombia”.
Y destacó que el Gobierno espera “garantizar el derecho fundamental a la salud en forma universal, con acceso a todos los colombianos sin excepción. La Nación ha hecho un gran esfuerzo para viabilizar la sostenibilidad financiera requerida para lograr la cobertura universal y la unificación de los planes obligatorios de salud, tanto de los regímenes contributivos como del subsidiado al pasar de representar cerca de 1.2 billones de pesos en 2010 a 2.6 billones en 2013 y 3.6 billones en 2014”.
El jefe de la cartera económica sostuvo, frente a la sostenibilidad fiscal, que “el Gobierno es consciente que el criterio de sostenibilidad fiscal subordinado está a la defensa de los derechos fundamentales. Cuando se interponga el incidente fiscal no se va a hacer para decir si ese derecho se debió haber concedido o no, se va a hacer para procurar una gradualidad en el cumplimiento de esa sentencia, solo para darle un tiempo razonable al Gobierno para que cumpla con esa obligación».
Según el ministro en Colombia no se entrará a cuestionar los derechos fundamentales, por garantizar la sostenibilidad fiscal, “lo que buscamos es que haya una armonía con las capacidades fiscales del Estado colombiano”.
