Santos dice que el nuevo Legislativo colombiano «será el Congreso de la paz»
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó a los legisladores que hoy toman posesión de sus cargos que «éste será el Congreso de la paz», el que tiene «la gran responsabilidad de legislar la nación del postconflicto».
En su discurso de instalación del nuevo Congreso, nacido de las elecciones legislativas del 9 de marzo, también advirtió de que el país afronta «el gran desafío de terminar un conflicto armado y de construir la paz», por eso pidió a todas las fuerzas políticas unidad y apoyo a las negociaciones con las guerrillas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instaló el domingo el nuevo Congreso y pidió a los legisladores respaldar los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con la guerrilla izquierdista, mientras su Gobierno busca poner fin al conflicto interno más prolongado del hemisferio.
Santos ganó la reelección el mes pasado por cuatro años más, con la promesa de terminar cinco décadas de confrontación con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ha dejado más de 200.000 muertos y millones de desplazados.
«Este será, no les quepa duda, el Congreso de la Paz», dijo Santos, al abrir las sesiones del Congreso, cuyos integrantes fueron elegidos en los comicios legislativos de marzo.
«El nuevo Congreso, eso esperamos, tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar la implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación: la nación del posconflicto», agregó el mandatario, un economista de centro derecha de 62 años.
No obstante, Santos enfrentará una fuerte oposición en el Congreso del ex presidente Álvaro Uribe, quien fue elegido senador y es el líder del partido derechista Centro Democrático.
Ese partido ganó un 20 por ciento de los escaños del Senado y algo menos del 10 por ciento de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas.
Uribe es un crítico de las negociaciones de paz y asegura que abrirán paso a la impunidad de los líderes guerrilleros y que son una traición a las víctimas de la guerra.
Las conversaciones, que se realizan en Cuba desde hace casi 20 meses, han producido hasta ahora acuerdos parciales sobre tres cuestiones: acceso a la tierra a los campesinos pobres, garantías para la oposición política que busca que la guerrilla se convierta en un partido; y el tema del narcotráfico.
Los negociadores de las dos partes en La Habana comenzaron a discutir recientemente sobre las compensaciones y la justicia para las víctimas del conflicto.
Pero una vez se llegue a un acuerdo definitivo en las conversaciones en Cuba, el Congreso colombiano deberá expedir en su momento la ley estatutaria que desarrolle el marco jurídico para la implementación del pacto.
Los miembros del Congreso fueron juramentados durante una ceremonia en el Capitolio Nacional, en el centro histórico de Bogotá.
La coalición de Gobierno de Santos tiene la mayoría de los 102 escaños en el Senado y de los 166 en la Cámara de Representantes.
Por su parte, en un mensaje conjunto, las FARC y el ELN hicieron un llamado al Congreso para que legisle en favor del proceso de paz.
«La reconciliación está tocando hoy las puertas de Colombia y exige cambios estructurales que vayan difuminando, progresivamente, el más largo conflicto armado de Nuestra América», indicó el documento.
«Es hora de pasar de la retórica y de las palabras muertas a una etapa de transición, en la que el Congreso de la República, legisle a favor del conjunto de la sociedad colombiana», agregó.
Santos reiteró en su discurso que pedirá la eliminación de la reelección presidencial y a cambio extender el período de los mandatarios a 5 o 6 años.
El nuevo Congreso también tendrá en sus manos la aprobación de proyectos clave que el Gobierno de Santos gestionará, como una iniciativa tributaria para asegurar más recursos ante un esperado declive de la recaudación del sector petrolero, y reformas al sistema pensional, a la salud y al sistema de justicia.
El presidente Juan Manuel Santos habló de la reforma de equilibrio de poderes y señaló que va a ser sometida a consideración del Legislativo.
Dijo que se hace con el fijo de evitar los abusos, la arbitrariedad y el despotismo y que para tal objetivo es necesario que el poder limite el poder.
“Próximos a los primeros cinco lustros de vida de la Constitución de 1991 –y luego de las enmiendas introducidas a ella como colchas de retazos– hay que admitir que nuestro sistema institucional requiere de una profunda revisión. La reforma que proponemos busca restablecer en nuestra democracia el principio de pesos y contrapesos que se debilitó por cuenta de la figura de la reelección presidencial y por la falta de claridad en algunas de las competencias de nuestros organismos constitucionales”, señaló.
En este sentido, explicó que se trata de una reforma del Estado para fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones.
“En primer lugar, vamos a eliminar la reelección presidencial y a extender el periodo presidencial a 5 o 6 años. Y que quede muy claro: esa extensión no me beneficiará a mí de ninguna manera, sino a los mandatarios que me sucedan. Buscaremos, así mismo, una fórmula para unificar el periodo presidencial con los periodos de alcaldes y gobernadores”.
Propuso, también, que los partidos se presenten a las elecciones de corporaciones mediante listas cerradas y dejar atrás el modelo del voto preferente que terminó por legitimar las microempresas políticas al amparo de las divisas partidistas.
Igualmente, indicó que es preciso revisar la circunscripción nacional para garantizar una adecuada representación de las regiones en el Senado.
“En este Congreso hay 13 departamentos que no tienen senadores, y esto es algo que tenemos que corregir. En cuanto al poder judicial, vamos a eliminar las atribuciones de selección, nominación y designación de autoridades del Estado por las Altas Cortes, y a ponerle coto a la llamada puerta giratoria”.
Subrayó que los organismos de control y fiscalización también requieren de una revisión pormenorizada de sus facultades y atribuciones.
“A partir de la próxima semana me propongo someter estos asuntos –entre otros– a la consideración de todos los partidos y minorías políticas. Se trata de una reforma del Estado que puede y debe enriquecerse con los puntos de vista y la opinión de los distintos protagonistas de nuestra vida pública, sin excepción”.
