Tribunales de descongestión seguirán trabajando en su totalidad
Luego de la reunión de la comisión interinstitucional, que fue presidida por el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, se acordó que todos los tribunales de descongestión del país seguirán funcionando hasta donde alcancen los recursos.
Los 170.000 millones de pesos que inyectará el Gobierno Nacional para garantizar el funcionamiento de los juzgados de descongestión alcanzan para que todos sigan operando aproximadamente hasta noviembre de este año.
Esta decisión implica que el polémico acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, con el que se cerraron algunos de estos tribunales en varias partes del país el viernes pasado y que también recortó cargos, deberá ser modificado.
En este momento, la Sala Administrativa de la Judicatura se encuentra en reunión extraordinaria analizando el tema.
El acuerdo PSAA14-10195 tuvo enfrentados a la Judicatura, que lo expidió, y al Consejo de Estado que pidió su revocatoria. Por cuenta del mismo documento, los tribunales administrativos de Bogotá y otros juzgados del país, están en cese de actividades.
Por su parte, representantes de Asonal se reunieron también este lunes con el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Pedro Munar, para analizar el tema y poniéndolo en conocimiento de los casos que podrían verse afectados por cuenta de la decisión.
El pasado viernes, el presidente de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, Augusto Hernández, envió una misiva al presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Pedro Munar, pidiéndole revocar el acuerdo PSAA14-10195, por considerarlo “a todas luces ilegal”.
«La sorpresa obedece a que las determinaciones adoptadas en el Acuerdo N° PSAA14-10195 alteraron súbitamente, de la noche a la mañana, la normalidad del servicio de la justicia, y porque no fueron consultadas con el Consejo de Estado ni menos aún autorizadas por esta Corporación», señalaba la carta.
Las Cortes se preocuparon ya que, solo en el Consejo de Estado, el recorte de personal iría por cerca de 40 funcionarios.
La Corte Constitucional, en un comunicado, señaló que «deplora la falta de planeación que refleja la manera de conducir la política de descongestión en el poder judicial, particularmente en esta Corporación. Por tanto, hace un llamado a todas las instancias involucradas en estas determinaciones, como son el Ministerio de Hacienda y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que de manera urgente y expedita corrijan el déficit de personal referido». Y agrega «una determinación de esta naturaleza resulta aún más preocupante cuando el país se encuentra en la construcción de un proceso de paz, para el cual resulta determinante una administración de justicia independiente y fortalecida. La Corte se solidariza y da una firme voz de aliento a las justas reivindicaciones de los juzgados, tribunales y demás Cortes de la Rama Judicial».
