Debe existir claridad en recursos para asumir el postconflicto
. Con el propósito de iniciar el análisis sobre los textos de la Habana, el presidente de la colectividad, David Barguil, instaló hoy formalmente la comisión de expertos creada en días pasados, en la cual participan la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, el ex comisionado de paz, Camilo Gómez, el ex ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo y el empresario antiqueño , Nicanor Restrepo.
Al término de esta primera reunión, dieron a conocer las siguientes conclusiones:
- Continuar apoyando la búsqueda de la paz, como una bandera histórica que el Partido Conservador ha defendido.
- Las transformaciones sociales, económicas y políticas que se plantean en los textos son un imperativos que siempre hemos defendido y lo continuaremos haciendo con o sin proceso de paz.
- La comisión concentrará sus esfuerzos en el análisis de las salvedades que aunque no se han aprobado, requerirán de tiempo y transparencia.
- Las Farc deben asumir su responsabilidad dentro del conflicto y tener claros compromisos frente a la implementación del acuerdo. En el proceso se deben generar medidas de confianza colectiva: Las farc deben respetar el DIH -condiciones humanitarias y el Gobierno debe profundizar la pedagogía de la paz.
- Faltan temas importantes por negociar. La firma no está a la vuelta de la esquina.
- Debe existir claridad en la financiación del postconflicto. Los textos hablan de varios planes que necesariamente conducirán a un “plan de desarrollo para el postconflicto” eso debe ser una materia urgente de análisis.
- Defenderemos la autonomía y legitimidad del Estado en la implementación de los acuerdos. Esta nunca debe ponerse en duda.
- La firma de un acuerdo con las farc no se puede confundir con la paz, es solo un punto de partida. Es urgente que el país conozca el estado de las negociaciones con el ELN.
La comisión continuará su trabajo en los próximos días a fin de presentar un documento final, el cual será dado a conocer al Directorio Nacional, la Junta parlamentaria, el Gobierno Nacional y a la opinión pública.
