Farc demandan al gobierno destinación del 3% del PIB para reparar a las víctimas de sus atrocidades

Las Farc plantearon hoy que el gobierno nacional debe hacer “un esfuerzo fiscal extraordinario, equivalente al menos al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual para la reparación de las víctimas del conflicto, sin señalar cuál será su aporte económico para contribuir al resarcimiento de los cientos de miles de familias que sufrieron las atrocidades del grupo ilegal armado a lo largo de los últimos 60 años.

El grupo guerrillero demanda la conformación de un “Fondo Especial para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, que, dice, tendrá capítulos regionales y una vigencia inicial que será de diez años.

La víspera los cabecillas del grupo terrorista que participan en las conversaciones de La Habana, aunque afirmaron que asumirán su responsabilidad frente a las víctimas del conflicto armado en Colombia, señalaron que las responsabilidades las deben asumir los partidos políticos, grupos económicos, empresas y empresarios de los diversos sectores de la actividad económica, grandes propietarios de tierra e industriales del agro, gremios económicos, corporaciones transnacionales, y demás instituciones de la organización del poder social.

Este domingo, los cabecillas de las Farc hicieron nuevas exigencias al explicar los alcances de 3 puntos más de su “diez propuestas mínimas” para “garantizar los derechos integrales de las víctimas”, tras destacar la instalación formal de “la subcomisión de género de la Mesa de Diálogos”.

Al respecto, en un escrito divulgado en La Habana, hacen las siguientes precisiones:

5. Reconocimiento pleno y materialización real y efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto, con especial atención a los derechos de las mujeres víctimas

Se garantizará el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto en consonancia con los estándares internacionales. En igual sentido, se proveerán las condiciones y recursos para la materialización real y efectiva de sus derechos. El reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas y su materialización tendrán un enfoque diferencial en atención a que un discurso universalizante y abstracto sobre los derechos humanos no comprende la especificidad de las víctimas.

Consideramos como necesidad el enfoque de género, entendido éste, el género, como una simbolización cultural de las diferencias sexuales que opera como un dispositivo de poder para interpretar el mundo.

Las mujeres y la diversidad LGTBI han sido víctimas de regulaciones, violencias y exclusiones diferenciales a lo largo del conflicto, que merecen una comprensión particular, lo cual impone una política integral y transformadora. En igual sentido, se deberá hacer énfasis en el reconocimiento y materialización de los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de las organizaciones políticas, sociales y sindicales víctimas del conflicto.

6. Reparación integral de las víctimas del conflicto y conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI)

La reparación integral de las víctimas deberá comprender un conjunto de medidas y acciones encaminadas a restablecer en forma plena las condiciones en las que se encontraban las víctimas individuales y colectivas al momento de los hechos victimizantes, y a compensar los impactos producidos a partir de dichos hechos sobre sus vidas y proyectos de vida individuales y colectivos hasta el momento en el que se reconozca la victimización, siempre atendiendo estándares internacionales.

Además de las reparaciones económicas, las medidas y acciones de reparación serán políticas, sociales, culturales, simbólicas y sicosociales.

Se diseñará un “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, enfocado en la justicia social, territorial y de género, que tendrá capítulos regionales, y en el que se definirán metas y prioridades, programas y proyectos de reparación integral, todo ello acompañado del correspondiente Plan de inversiones.

Se conformará el “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, con la función principal de hacer seguimiento y control al señalado Plan Nacional. Mientras se producen nuevos diseños constitucionales que desmonten la mal llamada sostenibilidad fiscal, en lo referido a la reparación integral de las víctimas habrá inaplicación de dicho principio.

Se realizará más bien un esfuerzo fiscal extraordinario, equivalente al menos al tres por ciento (3%) del Producto Interno Bruto anual, mediante la conformación de un “Fondo Especial para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, que tendrá capítulos regionales y una vigencia inicial que será de diez años.

La función principal de dicho Fondo consiste en proveer y garantizar las condiciones de financiación del derecho a la reparación integral.

En la conformación de dicho Fondo, se garantizará la participación directa de representantes de las organizaciones de víctimas.

7. Participación directa de las víctimas del conflicto y sus organizaciones en la definición de políticas para la garantía efectiva de sus derechos

La posibilidad de la paz estable y duradera se fundamenta en la existencia de un poderoso movimiento de víctimas, con capacidad de reivindicar y exigir el reconocimiento y el disfrute efectivo de sus derechos. Por tal razón, el Estado reconocerá, apoyará y estimulará procesos organizativos de las víctimas del conflicto, sin menoscabo de su independencia.

De igual forma, se asegurará la participación directa de las víctimas en la formulación, implementación y control de las políticas, acciones y medidas orientadas a la materialización de sus derechos.

Se elaborará un censo de organizaciones de víctimas, construido con ellas mismas, con el propósito de identificar el universo de organizaciones, definir sus perfiles y niveles de representación, distinguiendo entre organizaciones nacionales, regionales, locales y sectoriales.

El censo deberá contribuir a la definición de potenciales de participación. De manera especial se garantizará la participación directa y con capacidad decisoria de representantes de las víctimas, escogidos en forma autónoma, en las diferentes instancias de participación creadas para hacer efectivos sus derechos.

Se deberá contar con representantes de las víctimas y sus organizaciones en el diseño e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral”, en la conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral” y del “Fondo Nacional para la Reparación Integral”, así como en la integración de la “Comisión constitucional permanente de garantía, protección y promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”.

Los miembros que integrarán la Comisión de la Verdad serán seleccionados con la participación de representantes de las organizaciones de víctimas.