Fiscal Montealegre plantea reformas a Corte Suprema y creación de Tribunal de Garantías Constitucionales
El Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett, radicó este viernes ante la Cámara de Representantes dos proyectos de ley, uno por el cual pretende reforma la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el segundo que contempla la creación de un Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en Asuntos Penales.
Según Montealegre, las iniciativas buscan “robustecer el sistema de administración de justicia”, ampliar las protecciones a las garantías constitucionales y a la protección de derechos fundamentales, lo mismo que fortalece el sistema acusatorio y lo extiende en la mayor medida posible a los casos en los cuales aún no tenía aplicación.
En un comunicado, el Fiscal reseño así los proyectos de ley:
1.Un proyecto de ley estatutaria por medio del cual se reforma la estructura y el funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En este proyecto es un importante avance en la protección de derechos fundamentales y en el fortalecimiento de las garantías penales.
La reforma propone crear dos salas de juzgamiento y dos magistrados instructores en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán como función llevar a cabo las labores de investigación y acusación de los casos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y personas con fuero.
La reforma a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prevé la incorporación de significativas herramientas jurídicas para asegurar la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de derechos fundamentales y de las garantías penales, a través de la creación de la figura de la eventual revisión de decisiones, de la posibilidad de proferir sentencias interpretativas y de unificación vinculantes para todos los jueces y de tomar decisiones con base en criterios de equidad, que permitan la mejor realización de la justicia material en los casos concretos.
- El segundo proyecto de Ley tiene como objeto la creación de un Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en Asuntos Penales. Las funciones de este nuevo Tribunal serán las de servir como máximo órgano de cierre en materia de garantías penales. Para el efecto, se propone que el Tribunal pueda realizar la unificación de jurisprudencia, a través de la revisión discrecional de las decisiones adoptadas por los jueces de garantías y de la facultad de proferir sentencias interpretativas.
Este Tribunal podrá desplazar discrecionalmente a cualquier juez de garantías y será a su vez juez de garantías en las investigaciones o procesos penales que se adelanten contra aforados constitucionales y contra cualquier otra persona que le sea asignada por la ley. También está previsto que el Tribunal pueda realizar eventualmente el control de las acusaciones que presente la Fiscalía General de la Nación.
Una de las características del Tribunal es la forma como son designados sus magistrados, y en donde se combinan diversos sistemas de elección. Esencialmente los miembros de este nuevo Tribunal serán elegidos por la Corte Suprema de Justicia de una terna que será conformada a través de un sistema de oposición o concurso. Este sistema asegura tanto la elección por méritos, como la independencia de la rama judicial.
Con estos proyectos se pretende ampliar las protecciones a las garantías constitucionales y a la protección de derechos fundamentales. Así mismo, fortalece el sistema acusatorio y lo extiende en la mayor medida posible a los casos en los cuales aún no tenía aplicación. De igual forma robustece el sistema de precedentes de la justicia ordinaria, a través de la figura de las sentencias de unificación, de las decisiones interpretativas y de la posibilidad de modular los fallos.
Todas estas propuestas del Fiscal General de la Nación, no tienen otro objeto que el de robustecer el sistema de administración de justicia.
