La cuestión agraria (1)
Por: Eudoro Álvarez Cohecha
Ofende leer a Hommes, el ministro de César Gaviria, quien tuvo a cargo implantar la “apertura económica”, causante de la más grave crisis agraria de la historia rural colombiana, pontificar ahora, sobre qué hacer para superar tan enorme daño al agro nacional.
Importar la mayor parte del pan, la arepa y el arroz que se consume – pilares de la seguridad alimentaria de los 45 millones de compatriotas – luego de impulsar la política de libre comercio por 25 años, es el fracaso, cuantificado en más de 10 millones de toneladas de alimentos compradas a productores extranjeros, que no se atreven estos “pontífices” a develar; ese mal tiene una causa principal: es la pérdida de la soberanía nacional y su componente principal en el mercado interno; de allí deriva el resto de sintomatologías y desarreglos.
La inseguridad económica en el campo, no se remedia con la hipoteca vigente de la soberanía nacional. La recuperación de esta, es el comienzo y no el final del proceso de reparación del campo colombiano.
Proponer empleo digno, tierra para los campesinos, repotenciar la economía campesina, seguridad social, re-institucionalizar el campo, asistencia técnica derivada de investigación seria y grandes cultivos en la altillanura, sin remover la muralla del mal llamado libre comercio, no dejan de ser “cantos de sirena” en boca de gentes como el exministro gavirista.
En el marco de la globalización, no es posible recuperar sosteniblemente el campo. Hoy, esta política está supra constitucionalizada en los TLC y es el modelo que no están dispuestos a cambiar, según lo afirmó el entonces ministro del interior y hoy ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, cuando rubricó los compromisos que permitieron levantar los paros agrarios del año pasado, a condición de que se “les ganen las elecciones” y ello es una declaración de especial sinceridad; de lo cual se desprende que las soluciones planteadas por la dirigencia colombiana actual y el movimiento campesino, están en orillas irreconciliables; allí ocurre la diferencia central entre quienes insisten en el fracaso de nuestro campo y aquellos que propenden por su recuperación definitiva.
A punta de mermelada y promesas pacifistas, tenemos a Santos en un segundo mandato; les queda a los productores agrarios y a los demócratas partidarios de cambiar la situación de la nación y de nuestra ruralidad, la lucha masiva, amplia, democrática y civilizada, para continuar en la búsqueda de la solución final; ese es el marco de La constitución de Dignidad Agropecuaria Colombiana, el próximo 30 de septiembre; es un primer paso en el recorrido, seguramente tortuoso y difícil que se ha de transitar en la exploración de mejores condiciones de vida y trabajo para los doce millones de colombianos que aún habitan las más de 40 millones de hectáreas de tierra utilizadas en la actividad agropecuaria.