Recaudo vs. Inequidad
Por: Carlos Alberto Baena López
De cara a un eventual acuerdo de paz y en medio de un sistema desigual, se hace indispensable que Colombia invierta en proyectos que disminuyan la inequidad social y creen condiciones adecuadas para un escenario de posconflicto.
En el marco de la OCDE, por ejemplo, somos el país que menos presupuesto designa a la educación básica y los resultados en pruebas internacionales así lo evidencian. Por eso, para el próximo año, se requerirán de 10, 5 billones de pesos para fortalecer este sector que, sin lugar a dudas, es un motor de crecimiento y desarrollo.
El agro también necesita, al menos, de 5 billones anuales que deben ser destinados a iniciativas que aumenten la productividad y calidad de vida de la familia campesina del país.
Otro caso que preocupa es el de la Unidad Nacional de Protección que presenta un déficit de 70 mil millones de pesos, impidiendo que, por ejemplo, líderes de restitución de tierras y víctimas puedan mantener sus esquemas de protección, a pesar de que existen amenazas que ponen en peligro sus vidas.
Sin embargo, como lo ha mencionado el Gobierno Nacional, para financiar estos proyectos, además de los gastos administrativos del Estado, hacen falta aproximadamente 12,5 billones de pesos para el año 2015 que, de acuerdo con la reforma tributaria recientemente presentada al Congreso, saldrán del bolsillo de los colombianos pues se extenderá el 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio; este último con un incremento.
Si bien hay que solucionar el vacío presupuestal, esto no se puede hacer pasando por encima de la capacidad de los aportantes y, mucho menos, generando más inequidad.
El impuesto al patrimonio, por ejemplo, aplica para todos los patrimonios sin importar si son productivos o no, lo que significa que una persona que haya adquirido una vivienda o un terreno, deberá pagar el gravamen, así no reciba ninguna rentabilidad de éste.
Igualmente, genera una doble tributación porque el que ya pagó el impuesto sobre la renta también tendrá que hacerlo con el del patrimonio. Y, en general, macroeconómicamente, afecta a la libre competencia, la productividad de las empresas y la inversión extranjera.
Así que ¿por qué no pensar en una medida como la reducción del gasto del funcionamiento del Estado? Que, por cierto, constituye el 56% del Presupuesto General de la Nación del próximo año, es decir, 121,1 billones de pesos.
