¿Voto obligatorio para qué?

 La alternativa entre el voto obligatorio y el sufragio libre y voluntario es uno de los temas que más reflexiones y debates genera. Politólogos, constitucionalistas, sociólogos, políticos y filósofos plantean diversos puntos de vista, con la particularidad de que los argumentos en uno u otro sentido están llenos de razones válidas y plenas de sustento teórico.

Por eso, ahora que en el Congreso se introdujo la propuesta de voto obligatorio para un número determinado de elecciones, hay que analizar su conveniencia para nuestra propia circunstancia: el aquí y ahora y sus perspectivas hacia el futuro.La tradición política y democrática de Colombia combina la paradoja de una antigua tradición de elecciones con la de una altísima abstención. Hay convocatoria a las urnas en períodos definidos de tiempo, a las que pocas veces acude más de la mitad del censo electoral habilitado para sufragar, con las consecuencias de fragilidad institucional de las que adolece nuestro sistema por esa anomalía que afecta la legitimidad de origen de buena parte de nuestro poder público.

Y esa falencia en la legitimidad de origen, se suma a la enorme deficiencia en la legitimidad de ejercicio: las personas elegidas para desempeñar el servicio público, ya sea en las corporaciones como el Congreso, las asambleas o los concejos; o bien en el poder ejecutivo (presidencia del República, gobernaciones o alcaldías), son, salvo honrosas excepciones, profesionales del poder, representantes de una clase política que por fuera del organigrama de la burocracia oficial difícilmente lograrían reconocimiento en otra actividad.

Y de allí nace la principal objeción que nos merece la aprobación del voto obligatorio en nuestro país: lo leemos, por lo menos en este momento histórico, como un intento de forzar una relegitimación de la política y del poder derivado de los votos, intentando acrecentar la representatividad, que son dos condiciones que nuestros políticos y gobernantes no han podido ganarse mediante méritos reconocibles ni mediante el honrado ejercicio de sus responsabilidades públicas.

De este modo, la legitimidad y representatividad que las urnas les niegan, se pretende imponer por los representantes del pueblo mediante mandato legal, amparados en la definición del voto como derecho y como deber.

¿Va a purificar la política y a depurar el sistema electoral el voto obligatorio, como afirman sus proponentes? ¿Va a erradicar la compra de votos y la corrupción del sufragio? Difícil creerlo. Puede ser lo contrario: quien está habituado a comprar sus votos, tendrá que comprar aún más. Hay una precariedad de cultura política que no se soluciona con el voto obligatorio.

Por otro lado, es imposible desligar estas consideraciones del propósito esbozado públicamente por algunos congresistas sobre la necesidad del voto obligatorio para asegurar la refrendación popular de los acuerdos de paz con las Farc.

Pone al desnudo la escasa confianza del Gobierno y sus aliados en la aprobación ciudadana de lo que se acuerde en La Habana: requieren obligar el voto para asegurar, por lo menos, el umbral para que dicha refrendación no se hunda.

Todos debemos sentirnos concernidos por la suerte de un país en paz. ¿Pero es moralmente equivalente un voto libre y consciente por la paz, que uno obligado para poder aprobar -o reprobar- afanosamente acuerdos que aún nadie sabe cómo van a terminar?.