Interceptaciones ilegales: Del DAS a los seguimientos de la Central de Inteligencia Militar
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresa su preocupación sobre las recientes revelaciones que indican que la Central de Inteligencia Militar, elaboró, conservó y distribuyó, bases de datos con información sobre periodistas, tal y como reveló la Revista Semana.
Según esta denuncia, la agencia militar tendría en su poder un archivo con direcciones de correos electrónicos e información de más de cien periodistas, nacionales y extranjeros que diariamente publican información de interés público, muchos de ellos hacen parte de los medios de comunicación con mayor despliegue y cobertura.
La mayor parte de los periodistas, incluidos en el listado parcial revelado por Semana, han cubierto de alguna manera el proceso de paz en La Habana y aunque no han trabajado con temas relacionados con seguridad o Fuerzas Armadas, tienen relación con noticias políticas y cubren la Casa de Nariño.
La FLIP reitera que en la actual coyuntura, el país necesita de manera acentuada garantías para una prensa libre y una deliberación amplia sin restricciones o intromisiones ilegitimas. Las revelaciones de la Revista Semana plantean una seria preocupación sobre si todos los agentes del Estado, especialmente las Fuerzas Militares, están cumpliendo con ese mandato.
La importancia de los temas que están en la agenda pública, como el proceso de paz, deben estar acompañadas de garantías desde el Estado, las fuerzas de seguridad e inteligencia están llamadas a actuar como garantes y esto implica abstenerse de interferir en la labor periodística.
La denuncia realizada por la Revista Semana ocurre el mismo año que se conociera la existencia de la fachada de inteligencia militar conocida como ‘Andrómeda’, y la posterior denuncia realizada por la unidad investigativa de la cadena Univisión. La cadena dio a conocer un listado parcial de correos electrónicos y confirmó tener en su poder más de 2.600 mensajes de periodistas internacionales que habrían sido interceptados por inteligencia militar. Esta situación corrobora que el cambio de legislación y la supresión del DAS han sido medidas insuficientes para el control del ejercicio de la inteligencia estatal.
El seguimiento a la actividad periodística o la intromisión de sus comunicaciones constituyen violaciones a la libertad de prensa, viola el derecho de la reserva de la fuente e inhibe la investigación periodística. De igual forma, como ya ha sucedido en el pasado, cuando la información recolectada por agencias de inteligencia es tomada fuera de contexto, puede ser usada como una herramienta para estigmatizar y desacreditar periodistas.
El Estado, de acuerdo a las revelaciones de Semana, no solo falta a su deber de garante para un ejercicio periodístico libre, sino que existen indicios de que sus agentes están siendo activos en las violaciones de la privacidad de un número considerable de periodistas nacionales y extranjeros, comprometiendo el derecho de la sociedad a estar informada.
La FLIP solicita a la Fiscalía llevar a cabo una investigación pronta y efectiva para sancionar a los responsables. También respalda la iniciativa de Naciones Unidas, realizada a través de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos y su portavoz en Colombia, Todd Howland, en la que solicita al Congreso adelantar un debate para establecer qué está fallando en los mecanismos de control de estas centrales de inteligencia y de conocer a los responsables de ordenar la recolección de esta información.