Polémica por proyecto de ley busca ablandar penas para niños asesinos y violadores

Seis años de detención máxima tendrían los niños infractores si se aprueba la reforma de la Ley de Infancia.

Ni siquiera su alias se puede mencionar, porque la ley del menor lo protege. Pero es un avezado atracador, tiene 15 años y ha asesinado a nueve personas. Sin embargo, solo tendrá que pagar algunos meses de detención, como menor infractor, en un centro preventivo.

Otro más, identificado plenamente por la Policía, tiene 17 años y se mueve en un Chevrolet Sail modelo 2015, recién salido del concesionario, en el que reparte cocaína, éxtasis y marihuana a domicilio en el norte de Bogotá. El fin de semana fue retenido en la calle 131 con carrera 58, con siete kilos de marihuana, pero ya fue dejado en libertad.

Elkin Arley Velasco es calificado por las autoridades como un depredador sexual. Como menor de edad, fue el responsable de 14 violaciones y se fugó dos veces de centros de reclusión juvenil. Ahora, con 18 años recién cumplidos, análisis de ADN lo identificaron como el agresor de dos mujeres más.

El creciente número de homicidios, violaciones, tráfico de drogas y extorsiones cometidos por menores de 18 años tiene alarmadas a autoridades judiciales.

Este año van 7.000 casos de niños aprehendidos, solo en Bogotá. De hecho, el lunes, en un lapso de 12 horas, se registraron 29 episodios de menores infractores, entre homicidio, abuso sexual y atraco a mano armada.

Y a nivel nacional la cifra sube: según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en los primeros 8 meses del año, 22.161 menores habían sido presentados ante jueces por estas conductas y por porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y daño en bien ajeno.

Pero mientras que en Uruguay –laboratorio de decisiones regionales claves, como la legalización de la marihuana y la del matrimonio gay– llevarán a plebiscito la propuesta de bajar a 16 la edad para que los niños respondan como adultos, en Colombia se cocina un reversazo en la materia.

El 12 de agosto se radicó en el Congreso un proyecto para reformar la Ley 1098 o de Infancia y Adolescencia, que contempla la rebaja de la pena máxima que se aplica a menores infractores que asesinen, violen, extorsionen o trafiquen. Hoy se prevé una detención en centro especial para adolescentes, de 2 a 8 años. Pero el proyecto la reduce a 6 años.

Uno de sus autores es el senador Ángel Custodio Cabrera, exdirector de la regional Bogotá del ICBF. Para él, no se trata de un ablandamiento de castigos, sino de que la ley esté acorde con tratados internacionales sobre protección al menor a los que Colombia está suscrita.

“La novedad es que se dará una rebaja por colaboración a niños que delaten al adulto que les facilite las armas y los prepare para el delito”, explica. Y agrega que al adulto que ejerza esta conducta se le aumentaría la pena en un 25 por ciento.

La iniciativa va en contravía de la que presentó, en el 2010, la congresista Gilma Jiménez, defensora de la niñez, y de lo que piensan algunos mandatarios locales.

Jiménez (quien falleció en el 2013) pedía subir de 6 a 15 años las sentencias para niños que cometan graves delitos. Y aunque no prosperó, su propuesta encontró eco en algunas bancadas y hasta en ministros, como Germán Vargas Lleras (hoy vicepresidente de la República), quien aseguró en su momento que el cúmulo de garantías que la ley les da a los menores los convierte en presa fácil de bandas criminales que los reclutan para cometer delitos.

Por eso, el alcalde de Villavicencio (Meta), Juan Guillermo Zuluaga, propone que a los niños delincuentes se les aplique el Código Penal como a cualquier adulto.

“No podemos tratar como angelitos a unos criminales. Si tienen licencia para drogarse, emborracharse y matar, no se les puede aplicar la Ley de Infancia”, dice.

Y asegura que varios alcaldes, “que han visto crecer de manera aberrante la criminalidad entre niños”, comparten su iniciativa. Pero guardan silencio por temor a la reacción de algunos sectores.

Al respecto, la postura del ICBF es radical. Para el instituto, las estadísticas sobre niños asesinos, violadores y traficantes no justifican que se los empiece a juzgar como adultos a partir de los 16.

Según sus voceros, de los 167.000 casos de niños infractores, acumulados en los últimos siete años, solo 3.348 corresponden a homicidios; 6.697, a delitos sexuales, y 65.000, a hurto. Y de ese universo, 50.000 casos fueron sancionados por un juez, cifra muy baja si se tiene en cuenta que en Colombia hay 17 millones de niños.

“La justicia para los menores tiene que ser pedagógica, a diferencia de la de adultos, que es retaliatoria. Hay una deuda social con estos menores, y lo que se debe pensar es darles oportunidades de educación e intervenirlos desde el punto de vista sicosocial y pedagógico, como lo hace el ICBF”, explicó Mario Suescún, subdirector de Responsabilidad Penal de la entidad.

Pero, para autoridades judiciales, esas estadísticas tienen un gran subregistro y está probado que el 20 por ciento de los menores reinciden en el delito porque se salieron de las manos de sus padres y del propio Estado.

En los próximos días, el proyecto de ley de ablandamiento de sanciones será socializado con autoridades civiles y judiciales. Y la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el ICBF tienen hasta esta semana para rendir su concepto sobre la rebaja de castigos para niños infractores.