Colombia conmemora 29 años del holocausto en el Palacio de Justicia
A la 11:40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, 33 guerrilleros del autodenominado Movimiento 19 de Abril, M-19, al mando de Luis Otero, ingresaron violentamente por la puerta del parqueadero al Palacio de Justicia, ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, en desarrollo de lo que denominaron “operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.
Las primeras víctimas mortales fueron los guardias de seguridad y al administrador del edificio.
Según lo dijeron, el objetivo de la “toma” era realizar un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, por supuestamente haber incumplido acuerdos firmados el 24 de agosto de 1984.
Del sangriento asalto, que se prolongó dos días, han pasado 29 años.
Se extendió hasta el jueves 7 de noviembre, tiempo durante el cual el M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia.
La acción de los guerrilleros desencadenó uno de los operativos militares más sangrientos y polémicos en la historia de Colombia.
Los efectivos del ejército y la policía ingresaron al edificio a sangre y fuego a la sede utilizando artillería pesada.
Frente a este hecho, el entonces presidente de la Corte Suprema Justicia, Alfonso Reyes Echandía, lanzó un vehemente y angustioso llamado al presidente Belisardio Betancur, para evitar la muerte de los cientos de rehenes en poder de los guerrilleros.
“Por favor que cese el fuego…Por favor que cese el fuego. Díganle al presidente de la república que ordene que cese el fuego”, clamó en repetidas ocasiones a través de una comunicación telefónica con los medios de información.
La retoma emprendida inmediatamente por el Ejército y la Policía concluyó 28 horas después, con un saldo de 95 muertos, entre ellos 11 magistrados.
Once personas más fueron declaradas desaparecidas, pues salieron con vida del edificio y luego desaparecieron. De las once, solo se ha ubicó el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería.
La fiscalía informo su hallazgo en el 2002 en una fosa común
Por las desapariciones de estas 11 personas durante la “retoma del Palacio” han sido condenados el coronel retirado Alfonso Plazas Vega y el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales.
Recientemente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió su excarcelación y además propuso, como un gesto de confianza, crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas, en un período de tiempo”.
La toma al Palacio de Justicia fue planeada y ejecutad por el guerrillero del M-19 Luis Otero, quien era un experto en estas operaciones, ya que había planeado otras operaciones del M-19, como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte y la toma de la embajada de la República Dominicana, hecho por los cuales fue enjuiciado en un Consejo Verbal de Guerra, pero tras una amnistía salió de la cárcel.
El 7 de noviembre, tras 24 horas dentro, salieron del Palacio de Justicia, los últimos sobrevivientes. Todos eran llevados a la Casa del Florero, o del 20 de Julio. De allí muchos fueron llevados al Batallón Guardia Presidencial, ubicado en el Parque de Los Mártires y otros al Cantón Norte del Ejercito, donde, bajo tortura, fueron sometidos a intensos interrogatorios y luego desaparecidos.
Solo los responsables de la operación militar institucional saben de su paradero.
El Comandante de la Escuela de Artillería, Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, fue el coordinador de los operativos de ingreso al Palacio, que incluyeron Tanques Uruburu y Cascabel.
En la Casa Museo del Florero, el Comandante de la XIII Brigada y el B-2 de esa Unidad Militar instalaron su Cuartel General, en el que participaron el Teniente Coronel Edilberto Sánchez Rubiano, jefe del B-2, quien coordinó parte de los operativos; el Capitán Miguel Ángel Cárdenas Obando, de la Sección 2 de la XIII Brigada, el Mayor Vélez del F-2 de Bogotá, y los Mayores Guillermo León Vallejo y Carlos Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería.
Al finalizar la operación de retoma, se contabilizaron 11 Magistrados muertos al igual que 32 civiles, 33 guerrilleros y 11 miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS.
Dos insurgentes y 11 civiles fueron declarados desaparecidos.
Entonces, era presidente Belisario Betancur; Ministro de Gobierno, Jaime Castro; Ministra de Comunicación Noemí Sanín; Ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe, quien murió en 1994 y director de la Policía, General Víctor Alberto Delgado Mallarino.
Mónica Molina y Carmen Garzón: Las guerrilleras desaparecidas del Palacio de Justicia
En septiembre pasado La Fiscalía General de la Nación logró identificar plenamente los restos de dos mujeres, desaparecidas durante la toma al Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Así lo dio a conocer el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett, quien además informó que los dos cuerpos pertenecen a guerrilleras que se encontraban mencionadas en el informe de la Comisión de la Verdad integrada por magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Las identificaciones se dan dentro del cumplimiento de un fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá, en el que ordenó adelantar las labores necesarias para identificar a las personas desaparecidas en esos hechos, la Fiscalía General de la Nación generó dos líneas de búsqueda: 1) una frente a la decisión de los Magistrados de la Sala Penal de la mencionada Corporación Judicial que hace referencia a al menos 11 desaparecidos y una 2) segunda línea frente a los restos inhumados como NN’s en el Cementerio del Sur.
De los restos exhumados de una fosa ubicada en el Cementerio del Sur, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, identificó a Mónica Molina Beltrán y a Carmen Cristina Garzón Reyes.
El jefe del ente investigador explicó que “La Fiscalía General de la Nación, basándose en el informe de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia y a partir de los testimonios rendidos por ex funcionarios del Palacio de Justicia en el momento de los hechos busca determinar si estas personas salieron con vida de esas instalaciones el 5 y 6 de noviembre de 1985”
Los reconocimientos logrados, según los estudios forenses, dieron como resultado 99.9 por ciento de certeza, luego de realizar pruebas de laboratorio a cargo del Grupo de Genética del CTI, mediante análisis de ADN.
Las valoraciones científicas hechas a los restos arrojaron entre otros resultados: que uno de los cuerpos registra, al parecer, un impacto de bala y además ninguno de los cuerpos presenta signos de incineración.
La desaparición de Garzón Reyes está documentada en el informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia elaborado en el año 2010 con testimonios de empleadas del cuarto de aseo.
El mismo informe señala que respecto de Molina Beltrán el Juzgado 30 de Instrucción Criminal, ordenó en su momento reabrir una investigar para aclarar su condición de supérstite o fallecida.
La Fiscalía General de la Nación adelantará una serie de investigaciones científicas antes de la entrega de los restos a sus familiares, quienes se encuentran en proceso de notificación.
Estos primeros resultados dentro del proceso de identificación de víctimas, así como de los procesos penales se originaron en la circular de octubre del año pasado a través de la cual el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, reorientó las investigaciones penales por el caso del Palacio de Justicia y las que se encontraban en otros despachos por el caso de los desaparecidos, designando a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para que asumiera en conjunto todo el proceso.
35 años de cárcel para el general Arias Cabrales
En octubre de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de 35 años de prisión al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales por la retoma al Palacio de Justicia, por las desapariciones al Palacio de Justicia.
Según la investigación, el general dio instrucciones para proceder a dos asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en Palacio el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La decisión del Tribunal ratificó la pena impuesta por un juez de la República en 2011 donde el exmilitar fue inhabilitado por 20 años y se ordenó tener como parte cumplida de la pena el tiempo durante el cual Arias ha permanecido privado de la libertad de manera preventiva.
El fallo señaló que Arias Cabrales no podrá pagar rubro alguno por el concepto de indemnización por daños y prejuicios.
El general retirado también enfrenta un proceso por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán. Por este caso, la Fiscalía decidió vincular a los generales retirados Carlos Alberto Fracica y Rafael Hernández.
Argumentando que las demoras en el proceso obedecen a “maniobras dilatarias” de la defensa, el Tribunal Superior de Bogotá negó en mayo pasado la libertad al coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien purga una condena de 30 años de cárcel por los desaparecidos en el Holocausto del Palacio de Justicia.
El organismo judicial notificó que el exoficial del Ejército, detenido desde el 16 de julio de 2007, solo podrá ser excarcelado cuando cumpla las dos terceras partes de la condena, es decir, tras 20 años, o por una decisión favorable de la Corte Suprema de Justicia al recurso de casación que interpuso contra la misma condena.
La condena a 30 años corresponde sólo a dos desaparecidos del Palacio de Justicia: Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería e Irma Franco integrante del grupo guerrillero M-19 que ejecutó la sangrienta toma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
Los magistrados del tribunal desestimaron el argumento de la defensa de Plazas Vega en el sentido de que 5 años y 8 meses de detención que lleva el militar retirado, constituyen un “plazo razonable” para la excarcelación.
La motivación fundamental del Tribunal Superior de Bogotá para negar la petición de libertad la consignó el magistrado Alberto Poveda, quien fue recusado por la defensa de Plazas Vega en un intento para apartarlo del caso.
“La defensa de Plazas Vega ha promovido todo tipo de recursos, incidentes y acciones – todas improcedentes- con las que pretendió impedir que el proceso concluyera, obligando a que el mismo se dilatara”, precisó el magistrado Poveda al explicar su voto.
