Defensoría advierte presencia de bacrim en 168 municipios

La Entidad alerta sobre la expansión del “Clan Úsuga” y la vinculación creciente de estas organizaciones con delitos como la explotación sexual infantil y la trata de personas. En Barbacoas, Nariño, la violencia patrocinada por estas estructuras delincuenciales se ha disparado, y donde en los últimos días circularon panfletos amenazantes que son analizados por las autoridades.

En virtud de la preocupante situación que respecto al panorama de derechos humanos viene afectando durante las últimas semanas a la Costa Pacífica nariñense, donde la Defensoría del Pueblo ha sido informada sobre permanentes incursiones de “Los Urabeños”, también conocidos como el “Clan Úsuga”, el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución elaboró un nuevo diagnóstico acerca de la presencia y el accionar de los grupos post desmovilizados en el país.

La radiografía muestra que las también llamadas “bandas criminales” permanecen activas en 168 municipios de 27 departamentos, donde están dispersas las estructuras del mismo “Clan Úsuga” (que en algunos sectores se define como “Autodefensas Gaitanistas”), “Los Rastrojos”, “La Empresa”, los llamados “bloques Meta y Libertadores del Vichada”, “La Oficina de Envigado” y algunos grupos que todavía actúan a nombre de las “Águilas Negras” y “Los Paisas”.

Las circunstancias más recientes de afectación a los derechos humanos por cuenta de estas organizaciones ocurrieron en Barbacoas, Nariño, donde 15.743 habitantes de la cabecera municipal y otros 15 mil de los corregimientos Junín, Buenavista y Yacualá, se encuentran en riesgo por la influencia de “Los Urabeños”, allí llamados “Gaitanistas”. En días pasados, miembros de ese grupo armado ilegal llegaron hasta el barrio El Paraíso, donde asesinaron con cuatro disparos de arma de fuego a la ciudadana Mabel Cabezas en presencia de sus seis hijos menores de edad, los cuales fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para su protección y traslado a otra zona del país. El viernes anterior, se conoció un panfleto cuya autenticidad está siendo valorada por las autoridades, pero que enuncia amenazas contra varios segmentos de la población, precisamente a nombre de las “Autodefensas Gaitanistas”.

A raíz de estos hechos y la fuerte presencia de la “banda criminal” en la zona, la Defensoría del Pueblo emitió el informe de riesgo de inminencia 30-14, el cual fue remitido a las autoridades nacionales y territoriales para que se adopten las medidas correspondientes en aras de contener el escalamiento del conflicto, que solamente en relación con los homicidios muestra un incremento inusitado, toda vez que según cifras de Medicina Legal el año pasado hubo 8 asesinatos en Barbacoas, frente a 24 en lo corrido de este año.

Pero más allá del caso particular de este municipio, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría también ha observado la expansión de esa estructura hacia los sectores aledaños de los ríos Patía, Magüí y Telembí, en el mismo departamento de Nariño, donde también hay injerencia de las FARC y el ELN, grupos a los cuales el “Clan Úsuga” disputa el control de territorios en Valle del Cauca y Chocó, donde se han presentado fuertes enfrentamientos como los registrados durante el primer semestre del año en el Medio y Alto Baudó con el desplazamiento masivo de 3.300 personas y el confinamiento de otros 1.900 habitantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que como lo indicó Naciones Unidas a finales de la semana pasada, volvieron a ser víctimas de la violencia ante el bloqueo a 1.648 habitantes en el resguardo Embera del río Purricha, jurisdicción del Bajo Baudó, donde por si fuera poco 9 líderes habrían sido objeto de amenazas por parte de las estructuras en confrontación.

En Cali, donde este puente festivo fueron reportados 18 homicidios, la Defensoría del Pueblo ha advertido desde febrero, cuando se dio a conocer el informe de riesgo 002-14, sobre el panorama de vulnerabilidad en al menos 30 barrios pertenecientes a 12 comunas de esa ciudad, donde se ha detectado la presencia de “Urabeños” y “Rastrojos”.

Y es que el accionar de las “bandas criminales” también es latente en regiones como Córdoba (particularmente en Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero, Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador), Antioquia, Vichada y Guaviare, donde las modalidades delictivas cambian según se trate de jurisdicciones rurales o urbanas. La Defensoría del Pueblo ha identificado que en los campos, estas organizaciones ilegales aparecen con uniformes, armas de corto y largo alcance, y en algunos casos tienen sus propias jerarquías claramente definidas. En el perímetro urbano, en cambio, actúan en pequeños grupos vestidos de civil y se movilizan en camionetas o motocicletas, según el nivel al que pertenezcan dentro de la estructura.

Cabe señalar que, además de los homicidios selectivos, la extorsión, el reclutamiento forzado, la influencia que ejercen sobre la minería ilegal y el narcotráfico, las “bandas criminales”, de conformidad con el diagnóstico elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, han incursionado con preocupante vigor en temas como la explotación sexual infantil y la trata de personas.

La Defensoría del Pueblo reconoce el valiente esfuerzo de la Fuerza Pública para combatir a los grupos armados post desmovilizados, cuyos principales cabecillas han sido capturados y neutralizados por las autoridades, pero que como lo ha señalado la Institución en diferentes oportunidades y escenarios, se rearman y reciclan, como lo muestran las cifras presentadas por los medios de comunicación el 24 de enero de este año, cuando se advirtió que desde febrero de 2012 hasta entonces la banda de “Los Urabeños” había sumado 642 integrantes nuevos en sus filas, información que fue refrendada el pasado 6 de septiembre, cuando se dio a conocer que sólo tres de las “bandas criminales” tenían la mitad de hombres que las Farc, siendo el “Clan Úsuga” el más fuerte con 2.650 integrantes.

Por lo anterior, la Defensoría reitera su llamado a las autoridades para que refuercen las operaciones encaminadas a desmantelar estas estructuras, y particularmente a impedir que sigan protagonizando situaciones de grave vulneración a los derechos humanos como actualmente ocurre en la Costa Pacífica.