Dejan en firme muerte política para exsenador Merlano
El Concejo de Estado determinó la muerte política para el exsenador Eduardo Merlano del Partido de la U al encontrarlo responsable del delito de tráfico de influencias por amenazar con destituir a Policías de Barranquilla que intentaron practicarle una prueba de alcoholemia.
Para la Corporación, los vídeos en los que quedó grabado el episodio de la noche del 13 mayo de 2012, demuestran que los uniformados no maltrataron al senador.
“Contrario a lo que el disciplinado y su defensa han tratado de demostrar, la Sala le da credibilidad a lo expuesto por los uniformados”, manifestó el procurador delegado.
El procurador Delegado para Asuntos Disciplinarios, Juan Carlos Novoa, advirtió que “se comprobó que el hecho disciplinario consistió en que el senador sí incurrió en influencia ante los policías que adelantaban el puesto de control en el que él se negó a practicarse una prueba de alcoholemia”.
La sanción de destitución e inhabilidad por 10 años le fue impuesta por la Procuraduria por haber influido en miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Atlántico, que efectuaron un procedimiento policivo en un puesto de alcoholemia, como en funcionarios que laboraban en el Centro Automático de Despacho, valiéndose de la investidura de senador de la República, para que no se continuara con el procedimiento preventivo de inmovilización del vehículo que él conducía.
Los hechos, que se registraron el pasado 13 de mayo en la capital del Atlántico, probaron que “Merlano Morales se negó a practicarse la prueba de alcoholemia requerida por los uniformados que consideraban que el servidor posiblemente estaba en estado de embriaguez, y a la inmovilización preventiva del vehículo, valiéndose de su condición de congresista”.
Según el artículo 5 del Estatuto Disciplinario, la falta cometida por el senador Merlano afectó el deber funcional sin que se haya demostrado causal alguna de justificación y se señala que dicha afectación fue sustancial, porque su comportamiento estuvo en contravía de los principios que rigen la función pública, como el influir en otros servidores públicos acudiendo a su investidura de senador de la República, haciendo que principios como la moralidad pública, la imparcialidad, la transparencia y la neutralidad se hayan visto seriamente afectados.
