Farc afirman que tras liberación de secuestrados se debe recomponer la mesa en La Habana y decretar un cese bilateral del fuego
A menos de 36 horas de la anunciada entrega de los secuestrados en el departamento del Chocó, las Farc se quejaron de que las operaciones militares “continúan sin interrupción” en la zona, en un comunicado emitido poco después del escrito en el cual confirmaron para este domingo la liberación del general Rubén Darío Alzate, el Cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego.
Sin embargo, en el último comunicado no hablan de cambios en la operación humanitaria, pero tampoco ratifican la fecha del domingo. Afirman que en “cuestión de días se concretarán” las liberaciones que faltan y luego se refieren a la reanudación de las negociaciones de paz en Cuba.
En el documento, titulado “Realidades de la confrontación”, los negociadores de las Farc señalan: “Sí, hubo liberaciones y seguro en cuestión de días se concretaran las que faltan, sin embargo es indispensable recomponer La Mesa en La Habana, pues si bien es cierto, sale fortalecida de todo este episodio las confianzas construidas fueron afectadas y algunos mecanismos se quedaron cortos ante la decisión del gobierno nacional de suspender los diálogos, flagrante violación del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.
A renglón seguido precisan que al buscar la salida negociada lo que quieren evitar es las acciones de guerra, pero advierten: “Mientras no pactemos un cese de fuegos bilateral, mientras no construyamos un armisticio, para generar un medioambiente positivo para los diálogos, las acciones de guerra seguirán, esas son las realidades de la confrontación”.
Reiteran que “la liberación de los soldados profesionales Jhonatan Díaz y Paulo Cesar Rivera en Arauca estuvo al borde del fracaso por el incumplimiento de los protocolos por parte del gobierno colombiano”, porque “una patrulla del ejército oficial no respetó la suspensión de operaciones y realizó movimientos en el área escogida para la entrega de los prisioneros de guerra”.
Además–continúan diciendo–, pese a los compromisos y a las afirmaciones públicas del gobierno negando las operaciones militares en el Chocó, donde fueron hechos prisioneros el Brigadier General Rubén Darío Alzate, el Cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, las operaciones continúan sin interrupción, tal es el nivel que los medios nacionales reportaron las denuncias de las comunidades de la zona señalando los combates y bombardeos, además de arbitrarias detenciones de líderes comunales.
Luego preguntan: ¿El país necesita saber, entre muchas otras cosas, dónde se rompe la línea comunicacional oficial? ¿por qué la realidad desmiente las aseveraciones del Presidente? ¿Cuándo y cómo se abren las eficaces e ilegales líneas alternas que informan primero a los señores de la guerra?
Y concluyen: “Las voces por la paz cada día se escuchan más, en cantidad y calidad, pero aún la presión no es suficiente para convencer al presidente Santos de definirse por la paz y abandonar sus miedos y cálculos. Es necesario acordar medidas eficaces e inmediatas para la reconciliación efectiva de la familia colombiana. Las mayorías nacionales tienen la palabra”.
En otro escrito publicado en la web, en el que hacen referencia a la grave situación que viven los guerrilleros presos en las cárceles colombianas, las Farc hablan de “la inminencia de la liberaciónn del general Álzate, como gesto de paz, sumado al compromiso de las Farc de respetar los acuerdos firmados con el gobierno en la mesa de conversaciones de la Habana y de ajustarse a la aplicación de los derechos humanos que protejan a la población civil en el desarrollo del punto de víctimas”.
Al efecto, subrayan que lo anterior “contrasta con la inhumanidad y el total abandono estatal en las cárceles colombianas”.
El escrito, firmado por Mireya Andrade, integrante de la delegación de paz y titulado “Liberamos al General, ¿Y de nuestros presos qué?, hace las siguientes precisiones:
“En las cárceles colombianas el hacinamiento, la falta de atención jurídica, la violación de derechos básicos como la visita conyugal, alimentación, atención médica, son problemas que se convirtieron en pan de cada día, agravándose progresivamente hasta convertirse en un verdadero atentado al derecho a vivir. Los derechos fundamentales de los prisioneros son cercenados de manera criminal y reiterada, sin que para nada las autoridades carcelarias, particularmente el INPEC, pero en general el Estado se den por entendidos respecto a las graves denuncias de una población carcelaria que vive en absoluta situación de abandono”.
Es urgente la solidaridad de organizaciones nacionales, internacionales y defensora de derechos humanos para lograr que estos colombianos prisioneros políticos, presos políticos y sociales tengan la atención que se merecen, que no sean doblemente victimizados por un régimen injusto y arbitrario que no solo condena y extradita inocentes, sino que también los somete a los peores vejámenes en las llamadas cárceles, que no son otra cosa que centros de tortura, hacinamiento y olvido de la condición humana.
Las Farc continuamos exigiendo a las autoridades nacionales que actúen en concordancia con los convenios de Derechos humanos y solucionen de la manera más pronta la situación de los ciudadanos privados de la libertad.
