Pick-ups y altoparlantes: amenaza para la salud y el medio ambiente en San Andrés
Grave es la situación por la que atraviesa el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por cuenta de la contaminación auditiva generada por el uso indiscriminado de pick ups o altoparlantes, en contravención con los niveles de ruido ambiental permitidos por la normativa nacional y departamental, según lo reveló el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.
Como consecuencia, sus habitantes se han visto amenazados y vulnerados sus derechos a un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico y a la seguridad y salubridad pública, especialmente de la comunidad del Barrio Obrero y de los pacientes del centro hospitalario ubicado en este sector del archipiélago.
Ante la falta de acción de las autoridades competentes, un grupo de ciudadanos de la Isla, con la colaboración del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, radicó el 17 de octubre pasado ante el Tribunal Administrativo de San Andrés, una acción popular para detener los hechos que vulneran los derechos colectivos mencionados, en relación con la problemática del uso indiscriminado de pick-ups y altoparlantes en este barrio, al ser esta una zona residencial y donde además se encuentra ubicado un centro hospitalario.
La acción fue admitida el día 20 de octubre, notificando a los demandados y concediendo las medidas cautelares solicitadas en la acción, las cuales corresponden a la prohibición de los pick ups en el Barrio Obrero, la prohibición de actividades incluso con permiso en el sector y la realización de campañas pedagógicas de la Policía en el citado barrio.
El pasado lunes 19 de enero se programó una audiencia especial de pacto de cumplimiento. En esta se discutió entre las partes la realización de un posible acuerdo con respecto a la regulación de los altos niveles de ruido que emiten dichos aparatos y que afectan tanto a los pacientes de la clínica allí existente, como a los miembros de la comunidad del barrio.
La audiencia también buscaba que las autoridades demandadas asumieran una serie de compromisos y obligaciones que lleven a la solución definitiva de la problemática. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y como consecuencia fue declarada fallida por el Magistrado, quien a su vez decretó pruebas y dio continuidad al proceso, indicó Sebastián Senior, investigador del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.
El Magistrado recordó en la audiencia la obligatoriedad de cumplir las órdenes judiciales relacionadas, principalmente, con el cumplimiento de las medidas cautelares, pues varios medios de comunicación de San Andrés y la misma comunidad del Barrio Obrero, han señalado que a pesar de la prohibición del uso de pick ups por orden del Tribunal, estos siguen funcionado. Igual los pacientes de la Clínica no logran tener una recuperación ni tratamientos adecuados por los excesivos niveles de ruido que emiten esos aparatos a cualquier hora del día y la noche.
