Es inminente la captura de autores de la masacre de 4 niños en Caquetá
Mientras un grupo de policías y fiscales trabaja en finalizar el proceso judicial, otro está dedicado a la ubicación de los señalados responsables de la masacre de 4 niños en la vereda El Cóndor, cerca de Florencia, Caquetá.
El centro de operaciones sigue siendo Florencia, desde donde la comisión especial de la Dijín y la Fiscalía ha desplegado operaciones por el municipio y sus alrededores.
En el consejo de ministros que el presidente Juan Manuel Santos realiza en Leticia, insistió este viernes en que la Policía tiene como máximo plazo para concretar las capturas este domingo. Y en la mañana, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía, dijo que las detenciones serán en las próximas horas.
Hasta ahora son públicos los retratos hablados de dos de los sospechosos, que, de acuerdo con la Fiscalía, tendrían entre 25 y 30 años. Fuentes en el proceso dijeron que en la investigación se estableció, con testimonios de vecinos de las víctimas, que los asesinos llegaron en una moto robada, con placas de Acevedo Huila.
Además, que llegaron a la vereda preguntando, por lo que se infirió que no serían de la región. También que utilizaron un revólver calibre 32 para atacar a los niños.
El pasado viernes, Medicina Legal anunció que los menores (de 4, 10, 14 y 17 años) murieron instantáneamente, después de haber recibido disparos en la cabeza.
El día de la masacre, los padres de los cuatro niños habían viajado al casco urbano de Florencia para matricular a los menores en el colegio y, cuando se disponían a regresar a la casa, recibieron la llamada de un vecino que les informó lo que había sucedido.
La hipótesis que manejan las autoridades es que el crimen, que generó indignación nacional, habría ocurrido por un lío de tierras. Sin embargo, todavía no se conocen las razones que motivaron el hecho.
La Policía ofreció 70 millones de pesos por (inicialmente era 50 millones) para dar con el paradero de los asesinos.
Otro de los ejes de investigación es si hubo omisión de las autoridades para atender el llamado de la familia, que había denunciado ante la Fiscalía y una Inspección de Policía amenazas.