La sala plena del Consejo de Estado decidió dejar en firme este martes las medidas cautelares para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, luego de que la Procuraduría interpusiera un recurso de súplica por la decisión de primera instancia.

La decisión sigue dejando sin efectos la decisión que emitió la Procuraduría en diciembre de 2013, en la cual destituyó e inhabilitó por 15 años al burgoamestre por presuntas irregularidades en la instauración del nuevo modelo de aseo en la capital.

En mayo de 2014, el Consejo de Estado ya había decidido blindar a Petro al considerar que no estaba acreditado «el dolo en la actuación de las decisiones administrativas que tomó el alcalde».

Con esta decisión, Petro continuará en la Alcaldía de Bogotá hasta que exista una decisión de fondo sobre la demanda de nulidad contra el fallo de la Procuraduría, y que fue instaurada por el mandatario.

Al conocer la decisión del Consejo de Estado, el alcalde  dijo que desde la Procuraduría se actuó por “sectarismo político” y no en derecho.

“Para la Bogotá Humana es un triunfo judicial. Ya habíamos obtenido las medidas cautelares por unanimidad de todos los magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero para nosotros era sumamente importante que la justicia interna colombiana diera un paso en el mismo sentido”, enfatizó el burgomaestre capitalino.

Petro, quien acompañó al presidente Santos en un evento en el que se dieron oportunidades de trabajo a las presas de la cárcel Distrital de Bogotá, explicó que el proceso que se sigue por el cambio del modelo de aseo de la ciudad continúa, pero que la decisión del Consejo de Estado le da garantías para demostrar que, a su juicio, procedió legalmente.

“Ojalá esto no se vuelva a repetir, que un funcionario no elegido, no judicial, determine quitar el mandato popular en ningún territorio simplemente por sectarismo político”, puntualizó el Alcalde de Bogotá.

El modelo de aseo en la capital se cambió el 18 de diciembre del 2012 para cumplir un mandato de la Corte Constitucional que exigió incluir en el sistema a los recicladores, pero el caos que se generó ese día llevó a que se le abriera a Petro un proceso disciplinario en la Procuraduría que, posteriormente, fue fallado por Ordóñez con la destitución del Alcalde.

“Demostraremos que todo lo actuado el 18 de diciembre del 2012 se hico para cumplir una sentencia de la Corte Constitucional y proteger una población vulnerada, como son los recicladores”, concluyó Petro.