Apoyamos las negociaciones de paz con las guerrillas. No hemos respaldado la lucha armada en Colombia: MOIR

 Luego de un año de conversaciones entre Alternativa Democrática —conformada por el Frente Social y Político, el MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano y Opción Siete— y el Polo Democrático Independiente (PDI), para fundar el Polo Democrático Alternativo (PDA), en su programa fundacional se consignó, entre otros aspectos, que: “El empleo de las armas para la solución de los conflictos contradice los métodos y los propósitos que propugna el Polo” (…) “Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de acción política” (…) “La solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar.” Aprobamos esta definición cuando la política de Estados Unidos y del gobierno de Álvaro Uribe era privilegiar la búsqueda de una derrota militar de las guerrillas. Esa postura le costó al Polo toda clase de macartismos y hostigamientos.

Nuestra tendencia, el MOIR, asumió en esa ocasión y lo ha seguido haciendo hasta la fecha una actitud coherente con nuestra posición histórica de descartar la lucha armada en Colombia para hacer realidad las transformaciones políticas, económicas y sociales que proponemos en aras de sacar al país de la centenaria pérdida de soberanía nacional, el atraso de las fuerzas productivas y la crónica desigualdad social. Hemos enfatizado que el conflicto armado obstaculiza las luchas políticas y reivindicativas, justifica las conductas criminales y retardatarias de las oligarquías y da pretextos a la detestable injerencia imperialista en nuestros asuntos. Nuestras posiciones al respecto han sido siempre públicas y están debidamente confirmadas por las actuaciones de los dirigentes políticos y gremiales de nuestra Tendencia.

Esta posición le ha costado al MOIR aislamientos y señalamientos mentirosos e incluso el asesinato de varias decenas de militantes y dirigentes sociales por parte de las guerrillas y grupos paramilitares. Denunciamos los casos recientes de Gilberto Daza Vegas, concejal de Sucre, y Humberto Narváez Hoyos, de Dignidad Agropecuaria de El Bordo, ambos en el sur del departamento de Cauca.

Apoyamos las conversaciones que actualmente adelantan las FARC y el ELN con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y esperamos que de ellas resulte un acuerdo que lleve a la dejación de las armas; a que el Estado brinde las suficientes garantías para la incorporación de los desmovilizados a la vida civil y a la lucha política electoral; y a que haya aplicación de justicia, verdad y reparación para las víctimas dentro de un marco de autonomía para resolver un asunto que es de interés nacional.

El proceso de paz demanda la decisión política de las partes y una actuación soberana del Estado sin injerencia de ningún país u organización multilateral, en la dirección recientemente propuesta por el ex presidente César Gaviria: aplicar la justicia transicional con cobertura a todos los actores del conflicto, combatientes y no combatientes, y alcanzar la seguridad de que no se reabrirán procesos en el futuro. O sea, adoptar una salida que consulte los distintos intereses y pueda recabar el apoyo de toda la sociedad y así poner fin a tan costosa violencia política.

La anterior formulación no niega el postulado básico de nuestro quehacer político y social: el problema principal de Colombia es la falta de soberanía nacional y de democracia, menoscabadas por las imposiciones del gobierno de Estados Unidos, de sus multinacionales y de organismos como el FMI, el BID, la OMC y la OCDE, entre otros. Tales exigencias, acatadas por más de un siglo por las clases dominantes y sus partidos, han implicado el estancamiento de las fuerzas productivas y una de las mayores desigualdades sociales del planeta. Por consiguiente, el apoyo a las conversaciones de paz no modifica la crítica y la lucha contra las políticas gubernamentales y el nefasto modelo económico que le han impuesto al país. Nuestro apoyo a la paz no presupone volvernos santistas o aceptar que sea el Centro Democrático -del ex presidente Álvaro Uribe- el que represente el ejercicio de la oposición al régimen.

Repugna que con fines inconfesables se nos calumnie como contrarios al proceso de paz. No hay una sola declaración, escrito o actuación de nuestra Tendencia o de su máxima figura pública, el senador Jorge Enrique Robledo, que permita deducir semejante falsedad. Llevamos más de cuarenta años insistiendo de manera coherente en la proscripción de la lucha armada en Colombia y, a la vez, apoyando una solución política negociada al conflicto interno.

Se avecinan las elecciones internas del Polo Democrático Alternativo para elegir delegados a su IV CONGRESO. El evento definirá posiciones sobre el rumbo político del partido: si el Polo mantiene el apego a su programa y a sus estatutos o si los flexibiliza para acercarse al santismo y desistir así del proyecto político original. Desde cuando se presentaron las desafortunadas discrepancias sobre la escogencia de la fórmula vicepresidencial y sobre la postura que debía asumir el partido en la segunda vuelta presidencial, en el Comité Ejecutivo Nacional se ha insistido en imponer varias decisiones que van contra los acuerdos y reglas fundacionales que dieron origen al PDA. Al respecto, reafirmamos lo dicho en los preludios del III Congreso: “Nadie puede pretender imponerle a otro la adopción de tácticas y estrategias que no son de su parecer y, menos aún, si la historia y la práctica han mostrado su ineficacia e inconveniencia”.

Pedimos que cese la calumnia y que los seguidores del Polo podamos adelantar el debate electoral interno sin la injerencia de otros partidos y movimientos y en la seguridad de que la población premiará con su apoyo la consecuencia y la persistencia en la lucha por la soberanía, la democracia y los derechos fundamentales de nuestra nación y sus pobladores. El ejercicio democrático que emprendemos es coincidente con el alentador suceso político de la acogida que el senador Jorge Enrique Robledo está recibiendo en vastos sectores sociales, que lo proponen como opción presidencial para el 2018.