Corte Constitucional propone medidas para garantizar la transparencia de esa corporación
La magistrada María Victoria Calle reveló que se pedirá una investigación por parte de la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones.
Hacer públicas las declaraciones de renta de los magistrados que componen la Corte Constitucional, cambiar la forma en la que se seleccionan las tutelas que se estudian y solicitar a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones que realicen una investigación interna son algunas de las medidas tomadas por los miembros del alto tribunal con el fin de garantizar la transparencia esa corporación y evitar nuevos escándalos de corrupción como el que actualmente tiene en el ojo del huracán a Jorge Pretelt, presidente de la Corte.
Así lo anunció la magistrada María Victoria Calle, al referirse a las acusaciones que involucran a Pretelt, quien según testigos, habría pedido $500 millones a directivos de la fiduciaria Fidupetrol para fallar una tutela a su favor.
Calle además señaló que los miembros de la Corte piden oficialmente a Pretelt que renuncie de manera definitiva a su cargo. El magistrado anunció que se retirará temporalmente de la presidencia para no obstaculizar la investigación, que es adelantada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Estas son las medidas propuestas:
- Entregar las declaraciones de renta y de patrimonio de cada uno de sus miembros para que la opinión pública sea garante de sus actos.
- Trabajar en un proyecto de reforma del reglamento de la Corte para ajustar criterios de selección de las acciones de tutela que se somete a consideración de la corporación y ajustar los términos en los cuales hay vacíos referente a algunas actuaciones.
- Reformar el reglamento interno para que a las salas de selección asista el delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo
- Solicitarán a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones para investigar y juzgar las filtraciones de la información reservada de esta corporación
- Elaborar una propuesta de reforma constitucional para eliminar las funciones electorales de la corporación que se deben retirar a la mayor brevedad posible.
