Gobierno logró acuerdos con Unidad Nacional y Alianza Verde para la reforma al equilibrio de poderes
Uno de los puntos trascendentales de la reforma al equilibrio de poderes en los que se logró consenso tras la reunión entre el Gobierno y los congresistas ponentes fue el del Tribunal de Aforados que ahora se denominará Comisión de Aforados.
Según quedó plasmado en la ponencia que se radica este miércoles, el juzgamiento de los aforados se hará desde el punto de vista político por el Congreso y desde el punto de vista penal por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal “partiendo de un principio fundamental y es que se juzgará la conducta de los magistrados y no se juzgarán sus providencias, es decir que no estamos creando una nueva instancia para las decisiones de las altas cortes”, explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
“Esta comisión al recibir una denuncia contra aforados comenzará la investigación que puede ser tanto por las causales de indignidad política o por una eventual responsabilidad penal y al terminar la investigación, si decide acusar, puede hacerlo por indignidad política ante el Congreso o puede decidir acusar por responsabilidad penal ante la Corte Suprema o por las dos causas”, agregó.
Igualmente, dijo que con el acuerdo que se logró con la Unidad Nacional y con Alianza Verde “se le da dientes a la Comisión de Aforados para que no haya funcionario público en Colombia que sienta que no está vigilado y controlado”.
Sobre la forma cómo se elegirá a los cinco magistrados de la Comisión de Acusados, el ministro Cristo explicó que la Dirección de la Magistratura de la Rama Judicial será la encargada de hacer los concursos de méritos exigiendo los mismos requisitos para escoger a los magistrados de Cortes y esta lista se enviará al Congreso para que ellos elijan, sin embargo, se incluirá un parágrafo transitorio para que la Comisión “empiece a funcionar cuanto antes” por lo que “por una sola vez” el Presidente de la República designará los cinco magistrados previa ratificación del Congreso en pleno, “es decir que el Presidente no los designa autónomamente, tendrá que ser avalado por el Congreso y el periodo de ese Tribunal será solo de dos años”.
