Plan de Desarrollo y Equilibrio de Poderes en agenda legislativa del Congreso
Por Carlos Villota Santacruz
Como fruto del trabajo de cuatro subcomisiones alrededor de los temas de competitividad e infraestructura estratégicas, movilidad social y estrategia territorial, trasformación del campo y estrategia verde; seguridad, justicia, democracia para la construcción de la paz, buen gobierno y temas minero energéticos, este martes el Congreso inicia su período de sesiones ordinarias, con el estudio del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
A esta iniciativa, se sumará el proyecto de acto legislativo Equilibrio de Poderes, que iniciará sus últimos cuatro debates, cuya columna vertebral es la eliminación de la reelección presidencial, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la modificación de las funciones de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Para algunos sectores políticos, con asiento el senado, el Plan Nacional de Desarrollo, «no tiene claro la forma como se financiará la paz y la educación», uno de los propósitos del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. «Ese es un tema a discutir en el marco de las sesiones ordinarias del Congreso», dijo el legislador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolf.
Una de las críticas al PND proviene de la bancada del Centro Democrático, a través del senador Iván Duque, quién recordó que la iniciativa faculta al presidente Juan Manuel Santos, para que en un período de seis meses se modifique la institucionalidad del sector rural, se fije la política de tierras y se sienten las bases del crédito agrícola entre otros.
Si a este proyecto le acompaña una serie de interrogantes, no lo es menos con el acto legislativo de Equilibrio de Poderes, donde el tema de las listas cerradas, aún no existe una cuerdo. «Esta forma de elección, sería retornar a la escogencia de los candidatos por bolígrafo», advierte el senador Iván Cepeda (Polo Democrático)
Finalmente, la plenaria del senado deberá decidir sobre la petición de licencia no remunerada de dos meses por parte del presidente de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt.
