Red de Veedurías denuncia al Fiscal Montealegre y a 4 magistrados de la Corte Constitucional por escándalo Pretelt

Dentro del sonado escándalo de corrupción protagonizado por el presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos Sánchez radicó este martes ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y Gloria Ortiz.

Según Bustos, Montealegre y los magistrados habrían incurrido en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricato, concierto para delinquir y encubrimiento.

Bustos ya había radicado una denuncia por tráfico de influencias contra el propio Jorge Pretel. La radicó el pasado 19 de marzo.

La nueva denuncia la sustenta en las declaraciones que concedió Pretelt a un medio radical de la capital, en las cuales habló de presiones ejercidas por el fiscal Montealegre para el nombramiento de funcionarios y de “cuotas políticas”, incluso para la designación de la actual magistrada de la Corte Constitucional Gloria Stella Ortiz.

Pretelt reveló que el Fiscal General de la Nación le hizo varias visitas en su apartamento frente a la demanda presentada contra el Marco Jurídico para la Paz, cuya ponencia le correspondió sustentar.

Según dijo Pretel, el fiscal Montealegre ejerció una presión e intromisión indebida e ilegítima para la aprobación constitucional, o constiucionalización jurisdiccional de esa ley, “en función de lograr la incondicional aprobación de la misma, en los términos impuestos por aquel, y conforme a su visión, punto de vista ideológico, y posición frente al conflicto armado interno, y en el marco constitucional y legal para la terminación del conflicto armado interno”.

Al respecto, el director de la Red de Veedurías señaló que “con dicha conducta se habría pretendido quebrantar la autonomía, la independencia y la imparcialidad propias de la justicia y jurisdicción constitucional, al tiempo que romper la separación de los poderes, competencias y funciones propias de cada espacio institucional”.

Además destacó que Pretelt aseguró que el fiscal general “ha querido tomarse la Corte comprando conciencias” y además sostuvo que Montealegre “ha nombrado familiares de los magistrados”, citando el caso de Gabriel Eduardo Mendoza, nombrado fiscal ante el Tribunal de Barranquilla, con un salario de 20 millones de pesos.

Pretelt dijo también que el hermano del magistrado Jorge Iván Palacio fue nombrado en la Fiscalía regional de Antioquia, así como otra persona ligada a Palacio fue nombrada en esa entidad en ese mismo departamento.

En la misma denuncia, el director de la Red de Veedurías recusó al secretario de la Comisión de Acusación de la Cámara, Juan Pablo Duque González, argumentando que el fiscal general habría intercedido para su nombramiento.

Pablo Bustos publicó el pasado 22 de marzo en el portal Kien y Ke un artículo que titulo “Pretelazo recargado, Corte Inconstitucional y plantones por la justicia”, en el cual hizo un extenso registro del escándalo.

Su texto es como sigue:

El intrincado y telúrico fenómeno de corrupción que envuelve y pasa por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, ha erupcionado junto el volcán de la profunda crisis de impunidad pasada por clientelismo y bañada por nuevos acuerdos indeseables que llamamos “Preteltazo recargado”, que han desvirtuado el contenido y alcances de la justicia constitucional -Corte Inconstitucional- y por esta vía evidenciado las latencias de la crisis más profunda del Estado Social de Derecho de la historia de la Colombia contemporánea, y generando la necesidad de una amplia y masiva movilización ciudadana -Plantones por la Justicia- en demanda de justicia, lucha contra la impunidad y la exigencia de renuncias y cambios profundos y reales en el aparato judicial.

Anunciada fuga del país de la familia del magistrado Jorge Pretelt:

Hace ya carrera en el país que quienes se creen con los recursos y privilegio escogen cuando acudir al llamado de la justicia y cuando eludirla mediante la salida del país, gracias a la lentitud de la justicia anunciada, casi telegrafiada especialmente desde la Fiscalía General, que cada vez de manera extremadamente selectiva, casi con pinzas selecciona en el laboratorio de los enemigos del Fiscal General el listado escueto y reducido de casos donde se enfilan las baterías con mayor o menor razón, más con criterios de conveniencia que de juridicidad y lucha contra la impunidad.

Martha Ligia Patrón, la esposa del Presidente de la Corte Constitucional, se ha dicho y anunciado de viva voz, y sus hijos van a salir del país para eludir la acción de la justicia tras ser llamada a interrogatorio por la Fiscalía General por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos derivados de un presunto despojo de tierras.

Extrañamente la Fiscalía solicitó solo medidas cautelares respecto de las tierras pero no medidas sobre las personas investigadas, como es la esposa de Pretelt, y lo propio respecto de este mismo por parte de la Comisión de Acusaciones, quienes podrían sumarse a la ya lista larga de prófugos internacionales de la justicia patria. La Red de Veedurías solicitó se adoptaran las medidas para evitar dicha fuga y asegurar la comparecencia ante la justicia.

Denuncia sobre las grabaciones

Si bien el escándalo de Fidupetrol fue decisivo, muy superior en gravedad son los contenidos de las grabaciones publicadas por RCN TV respecto de la presunta exigencia por parte del magistrado Jorge Pretelt de decisiones judiciales en favor de dirigentes de grupos armados al margen de la ley donde habría mediado una retribución en favor del juez de Montería Carlos Martínez Isaza, como era su promoción mediante su designación como Fiscal Delegado ante la Corte Suprema, que en efecto se dio por parte del entonces Fiscal General Guillermo Mendoza Diago. Razón por la cual se presentaron las denuncias respectivas por parte de la Red de Veedurías ante la Comisión de Investigaciones y Fiscalía General.

Consultados operadores judiciales de Córdoba dan cuenta cómo de tiempo atrás el magistrado Pretelt habría manejado la Dirección de Fiscalía de Córdoba, con el respaldo de parlamentarios cuestionados de ese ente territorial, donde por años se aseguraba la inveterada impunidad de grupos armados ilegales, que complementaban su cerrojo con el baño de sangre que por años estos esparcían contra víctimas o denunciantes.

El “Pretelazo” muestra los rasgos de la captura del aparato de justicia a diversos niveles: toma de decisiones en la cúpula de la Corte Constitucional, lobby constante y selectivo en la administración de justicia, acceso a propiedades rurales en zonas de paramilitares por parte de magistrados, designaciones y promoción de jueces en función de sus decisiones estratégicas en la generación de impunidad o como intercambio de favores a manera de cuotas burocráticas o clientelas en la Fiscalía General derivadas de la condición de magistrados…

Plantones por la Justicia y Movilización ciudadana: ¡Justicia ya!

Va siendo hora, por no decir tarde, que la ciudadanía en todas sus diversas expresiones se movilice tanto virtual como públicamente, mediante plantones ante las cortes en Bogotá y tribunales en las regiones -al menos una hora diaria-, así como marchas y toda suerte de expresiones simbólicas y ejemplarmente pacificas en demanda de justicia y de los hondos cambios que la misma por tiempo ha aplazados por años. Lo hicimos para contener la mal llamada “reforma de la justicia” donde logramos reversar el “orangután” cuando ya estaba ahíta de “bananos” y reversamos como ciudadanos(as) juntos por primera vez en 200 años de historia patria una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la República y literalmente lista para sanción presidencial.

La justicia es el contenido superior de la paz. La justicia precisa ser, de igual modo, el otro nombre de la paz. La justicia es el pan de la paz. Es necesario un cambio profundo en el aparato judicial, su integración y contenidos, sus procedimientos y alcances, a efecto que no siga siendo solo para o mejor contra “los de ruana” sino que precisamente sea para todos, y se ocupe de aplicarse como sin miramientos ni privilegios como nunca antes, esto es con todo el ímpetu, rigor, severidad y peso donde ha estado por completo ausente como es en las propias cabezas de la justicia, de los órganos de control y electorales, de la administración pública en todos sus niveles y en general capaz de contener ejemplarmente los delitos y delincuentes de corrupción de “cuello blanco” sin más miramientos ni dilaciones: ¡Justicia ya!

Otras lupas:

Billonaria tutela engavetada en la Corte Constitucional: Revisión de tutelas exprés vs. Tutelas de interés nacional

Mientras con Pretelt una revisión de tutela es casi, tutelas del I.S.S. y de Cajanal por valor superior a $20 billones de pesos están al despacho desde el primero de febrero de 2012, es decir hace 38 meses. Tal es el caso del expediente principal 3.358.903 cuyo magistrado ponente es Luis Ernesto Vargas Silva.