El viernes 13 de marzo se reunieron en el Palacio de Nariño el presidente, Juan Manuel Santos y el procurador general, Alejandro Ordoñez para hablar sobre el proceso de paz. La reunión duró poco más de una hora.

Al final el Presidente Santos dijo a la prensa que la conversación había sido cordial y que coincidieron en algunos temas “como que no se debe permitir una paz con impunidad y que (…) se mantendrá un diálogo abierto con todos los sectores que estén dispuestos a debatir en buenos términos lo que sucede con los diálogos de La Habana”.

No revelaron entonces, ni el Presidente, ni el Procurador, que Ordóñez le había entregado a Santos en propia mano ( hay foto de prueba) un derecho de petición con 45 preguntas sobre el proceso de paz.

Cuando se esperaba que la reunión sirviera para poner fin al debate público que hasta el momento habían sostenido los dos altos funcionarios sobre el tema, la verdad es que lo recrudeció. Puyas fueron y vinieron de parte y parte. Algunas haciendo alusión a asuntos personales y tendencias religiosas.

El 7 de abril, dos semanas después, Santos atacó: “Si el procurador quiere ser un procurador con sotana, no tengo problema”, pero su inconformidad surge cuando “debajo tiene intereses políticos”, dijo durante una entrevista en La FM.

La reacción del Procurador no se hizo esperar. A las 5 de la mañana del 8 de abril hizo publicar en la página web de la Procuraduría un comunicado con las 45 preguntas de su derecho de petición. Explicó que no lo había publicado antes por petición de Santos, pero que ante sus reiterados ataques no le había dejado otra posibilidad.

Si bien el cuestionario no es más que la recopilación y redacción corregida, ordenada y ajustada de preguntas que nos hacemos los colombianos desde el día 1 del proceso de paz es un documento incómodo para el Presidente pues es nada más, ni nada menos que un derecho de petición.

Aunque Santos dijo en tono enérgico en BluRadio que no respondería a las preguntas del Procurador la verdad es que no tiene más remedio. En su calidad de Jefe de Estado, Juan Manuel Santos no puede darse el lujo de enviar la señal equivocada de que en Colombia hay personas por encima de la Constitución y de la Ley y que él es una de ellas. Ya tenemos bastante con el desprestigio de la Corte Constitucional y la acción de tutela como para sumarle ahora la insurgencia del Presidente.

Una de los argumentos de Santos para no responder al derecho de petición del Procurador consiste en decir que obedece a motivaciones políticas.

Tiene razón. Como también obedecen a motivaciones políticas el proceso de paz y el derecho de los ciudadanos a exigir y recibir información oportuna, cierta y confiable sobre las decisiones que allí tomen.

La Constitución y las Leyes son producto de motivaciones políticas. Respetarlas y hacerlas respetar es una obligación que el Presidente de la República asumió bajo juramento el día de su posesión obedeciendo a motivaciones políticas.

@RicardoGalanO