Plenaria de Senado aprobó proyecto de detención preventiva que busca frenar incremento de hacinamiento en las cárceles
La iniciativa del Gobierno Nacional que busca establecer límites para la medida de la detención preventiva y racionalizar su uso, pasó a tercer debate luego de que el Senado aprobara el articulado en la plenaria de este martes.
Luego de cinco horas de discusión se aprobó en segundo debate el proyecto de ley 115 de 2014 de iniciativa gubernamental, el cual busca precisar la figura de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, tanto en establecimiento de reclusión como en lugar de residencia del imputado.
Los legisladores apoyaron la propuesta de establecer un término máximo de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad (intramural y domiciliaria) las cuales no podrán exceder de un año.
Cuando se trate de procesos ante la justicia penal especializada (tortura, homicidio, concierto para delinquir, delitos contra la integridad sexual, terrorismo, genocidio, secuestro, desaparición forzada, etc); o sean tres o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de una investigación o juicio de actos de corrupción, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial.
Actualmente, 7.035 personas llevan entre uno y 5 años privadas de la libertad sin recibir condena. Otras 538 personas llevan 5 años e incluso más, detenidas preventivamente y sin que se les resuelva su situación jurídica a través de una sentencia condenatoria o absolutoria.
De hecho, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, indicó que en las cárceles pueden verse «personas detenidas preventivamente que llevan hasta 9 años privadas de la libertad y sin recibir condena alguna».
El senador ponente de la iniciativa Horacio Serpa (Partido Liberal) expresó, que se trata de modificar el Código de Procedimiento Penal, en medidas de aseguramientos, donde no se reconoce el principio de presunción de inocencia, generando inconvenientes para el Estado, además agregó que las personas declaradas no responsables, en su mayoría demandan al Estado, indicó que el proyecto busca precisar algunos aspectos sobre las medidas de aseguramiento.
El ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado, señaló la importancia del proyecto que ayudará a solucionar el hacinamiento en las cárceles, y mantener la presunción de inocencia y llevar a su mínima expresión la detención preventiva. Agradeció por el apoyo dado por los congresistas.
La norma también pretende introducir adiciones y modificaciones puntuales al texto del ordenamiento de procedimiento penal, con una acentuada orientación de apertura de garantías legales aplicables a la detención de las personas, respetando el valor superior de la libertad, los límites materiales del debido proceso y el margen de configuración del legislador.
La ponencia contempla que el Código de Procedimiento Penal establece once posibles medidas de aseguramiento, como las presentaciones personales, la caución, la prohibición de salir del país, la vigilancia electrónica, la obligación de observar buena conducta, la prohibición de concurrir a determinados sitios o de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas; al lado de ellas aparecen las de detención domiciliaria y, finalmente la detención en centro carcelario. La detención preventiva solo debe usarse cuando las demás medidas de aseguramiento resulten insuficientes o inadecuadas para garantizar sus fines.
Finalmente, se fija un límite máximo a la detención preventiva, que nunca podrá exceder el término de un año, salvo cuando se trate de casos cuya competencia sea de la justicia penal especializada, cuando sean tres o más los imputados o acusados, o cuando la investigación o juzgamiento versen sobre delitos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011, para los cuales el término no podrá ser superior a los dos años.
Esta situación ha generado 18.797 demandas contra la Nación por detenciones injustas o arbitrarias o por desconocer supuestamente la presunción de inocencia, cuyas pretensiones ascienden a 22,7 billones de pesos que serían pagados por todos los contribuyentes.
«Este proyecto es muy importante. Tenemos problemas permanentes de hacinamiento carcelario. Esta iniciativa es una de las medidas para solucionar ese hacinamiento racionalizando la detención preventiva, llevándola a la mínima expresión y en los casos en los que sea estrictamente necesaria; y manteniendo la presunción de inocencia», aseveró al Ministro al tiempo que aseguró que todas las observaciones hechas por los senadores serán tenidas en cuenta para el tercer debate en la Comisión Primera de Cámara.
El proyecto aprobado no busca, bajo ninguna circunstancia, generar excarcelaciones sino, al contrario, que los operadores judiciales cumplan con los términos y decidan primero los procesos en los que la persona se encuentra privada de la libertad.
Asimismo, el proyecto no busca que se dejen de imponer medidas de aseguramiento, sino que se tengan en cuenta las otras medidas que contempla el Código Penal (como las presentaciones personales, la caución, la prohibición de salir del país, la vigilancia electrónica, la obligación de observar buena conducta, la prohibición de concurrir a determinados sitios o de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas).
