martes noviembre 19 de 2024

Piden Asamblea Nacional Constituyente para solucionar problemas de la justicia

06 mayo, 2015 Judiciales, Política

CORTE-CONSTITUCIONAL-DE-COLOMBIA

  Después de una extensa reunión, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial le solicitó a la Cámara de Representantes que se archive el proyecto de reforma de equilibrio de poderes frente al tema de la justicia, esto tras considerar que se han presentado graves vicios en el procedimiento y no soluciona todas las problemáticas.

Al considerar que este proyecto no logra corregir las fallas en el modelo actual del equilibrio de poderes, se propone una Asamblea Nacional Constituyente «de carácter limitado» a los temas de la justicia, para así garantizar la participación activa y directa de los diferentes sectores de la sociedad «incluyendo los desmovilizados si se firman los acuerdos de paz» con el fin de que esta reforma sea producto de un debate entre «diferentes corrientes de pensamiento y el debate informado de los ciudadanos».

En un documento firmado por los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General, se indica que en este proyecto de reforma no se presenta una solución de fondo frente a la congestión judicial y no contempla las reformas constitucionales que conlleva un eventual proceso de postconflicto. Para la Comisión la forma en cómo se ha adelantado este debate en la Cámara ha presentado irregularidades.

Ante esto pide que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para que se traten los temas y dificultades de la administración y acceso de la justicia. «Considera que el actual proyecto de reforma al equilibrio de poderes implica una sustitución de la Constitución, porque varias disposiciones normativas reemplaza la distribución original del poder adoptada por la Constituyente».

Para la Comisión los puntos debatidos «mina la existencia de controles recíprocos entre las diferentes ramas que conforman nuestro Estado, lo cual lleva a concentrar el reparto del poder en las ramas ejecutivas y legislativas». En este sentido asegura que el trámite del mismo ha sido inconstitucional puesto que viola los principios de unidad de materia, conectividad e identidad flexible.

Como ejemplo de estas falencias citan la creación de una Comisión de aforados la cual en su concepto no resuelve los inconvenientes actuales de la justicia, puesto que tiene la misma estructura y funcionamiento de la tan cuestionada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. «Se crea un nuevo órgano con los mismos vicios y límites que tiene el actual, sin permitir que se logre una expedita administración de justicia».

En la comunicación oficial se indica que dicho proyecto ha sufrido «drásticas modificaciones» desde su presentación hasta su sexto debate, puesto que se han tratado temas que no fueron presentadas en el primer debate lo que supone una «desviación de la voluntad original del constituyente derivado». Para esto citan las propuestas para remplazar al Consejo Superior de la Judicatura, el cual no sería modificado como se dijo en un principio sino eliminado.

«Puesto que las tareas que desempeña el Consejo actual son repartidas indiscriminadamente en un amplio grupo de entidades, lo que sin duda va a generar mayor caos y congestión en la administración de justicia. A juicio de esta Comisión, esta reforma es improvisada y no tiene sustento en estudios e investigaciones serias que justifiquen sus propuestas», precisa uno de los apartes del documento enviado a la Cámara de Representantes.

Y es que para la Comisión este proyecto «menoscaba» la carrera judicial, puesto que se convierten a los jueces y empleados de la Rama Judicial en «funcionarios de cuarto nivel». Igualmente se explica que «el proyecto de reforma al equilibrio de poderes no soluciona los actuales problemas de la justicia y no está pensado para el postconflicto garante de los derechos de las víctimas, la reforma al equilibrio de poderes debe permitir que la administración de justicia se adecue a los retos y dificultades que traerá la desmovilización de los armados, así como la atención y reparación de las víctimas del conflicto».

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