1. El Ministerio advierte que existe una necesidad de nuevas fuentes de recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano, dada la creciente demanda de nuevas tecnologías en salud y la transición demográfica, que generan presiones de tipo financiero sobre él.

2. La Ley Estatuaria también demanda nuevos recursos, dado que establece que solamente las exclusiones que se definan (en materia de tratamientos y medicamentos) deben ser el único límite a la protección del derecho fundamental a la salud.

3. Durante décadas las bebidas alcohólicas y el tabaco han sido sometidos a tributación en la mayoría de los países. Incluso varios gobiernos han aprobado leyes para aumentar los impuestos existentes a alimentos con alto contenido de sal, azúcar o grasa en los últimos años; además de ser considerada una fuente de ingresos fiscales, favorece la salud pública. Con las bebidas azucaradas tardó más en pasar.

4. Los impuestos a estos productos, que carecen de valor nutricional, se fueron convirtiendo en parte de la respuesta que algunos gobiernos han considerado para responder al creciente consumo, que contribuye al aumento de peso y el desarrollo de diabetes en la población. Aunque es cierto que estas bebidas no son las únicas causantes de estos males, al menos 19 países han implementado la medida.

5. Las bebidas azucaradas aportan casi la mitad del consumo diario de azúcar entre la población. La ingesta de las mismas es más alta en los jóvenes latinos que el promedio general. En Colombia, el Ministerio cita la Encuesta Nacional de Salud Nutricional en Colombia (ENSIN, 2010) que indica que el 81,2 por ciento de los colombianos consume gaseosas o refrescos.

6. La evidencia científica disponible ha demostrado que el consumo de bebidas con elevado contenido de azúcar genera efectos nocivos sobre la salud. Las personas que las ingieren, dice el documento, tienen un mayor riesgo de presentar resistencia a la insulina, diabetes, gota, síndrome metabólico, osteoporosis y/o enfermedades cardiovasculares. Latinoamérica y el Caribe presentan la mayor tasa de mortalidad absoluta relacionada con el consumo de bebidas azucaradas (48.000 por millones de adultos), mientras que Australia y Nueva Zelanda presentan la tasa más baja (560).

7. El Ministerio reconoce que aunque los impuestos a las bebidas azucaradas han suscitado cierta controversia, en general la evidencia disponible demuestra que las medidas fiscales pueden llegar a ser más efectivas que aquellas dirigidas a promover cambios de comportamiento. Uno de los casos que destaca el Ministerio es el mexicano, que impuso un impuesto a las bebidas aproximado del 10 por ciento recientemente y los resultados preliminares muestran una reducción cercana al 10 por ciento de la compra de las mismas en el 2014, frente al 2013. Así mismo aumentó en un 7 por ciento la compra de bebidas sin impuesto.

8. La intervención del Estado sobre el mercado se justifica, dice el Ministerio, en la medida en que existan fallas dentro del mismo. Por ejemplo: una parte de la población no es consciente del efecto del consumo de estas bebidas en la salud, porque aseguran que las campañas publicitarias promocionan los beneficios de su ingesta. Una segunda es que los más jóvenes prefieren la gratificación que se obtiene del consumo presente de bebidas azucaradas, a pesar del costo sobre la salud. Tercero, asegura que los consumidores no tienen en cuenta los costos totales de sus decisión de tomarlas, cuando hacerlo genera costos excesivos sobre el sistema de salud.