Los cargos a los que Cruz se allanó son interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado, luego de que la Fiscalía señalara que el exgobernador pagó un soborno de 800 millones de pesos para poder obtener un contrato en la Unidad de Mantenimiento Vial, en el 2009, durante la alcaldía de Samuel Moreno, a través de su firma ICM. Se trata del contrato 193 del 2009, por unos 24.000 millones de pesos, para el suministro de asfalto.

El soborno habría sido girado a los entonces concejales Hipólito Moreno, Orlando Parada y Andrés Camacho, quienes ya fueron condenados por su participación en el ‘carrusel’.

Fuentes de la Fiscalía habían señalado a EL TIEMPO que Cruz estaba en proceso de negociación para aceptar cargos, pero al mismo tiempo estaría escondiendo información e intentando, presuntamente, afectar el proceso y por eso se decidió su captura.

En la audiencia, la Juez 71 de control de garantías legalizó la captura de Cruz, quien llegó voluntariamente al Búnker de la Fiscalía en la noche del jueves, luego de que el CTI iniciara un operativo de búsqueda para capturarlo por su presunta responsabilidad en ese escándalo.

El fiscal general Eduardo Montealegre explicó que la captura del exgobernador se dio porque pagó 2.000 millones de pesos a un Procurador para que intentara interferir ante los funcionarios de la Fiscalía.

Tras conocerse el escándalo, Cruz presentó su renuncia irrevocable a la Gobernación de Cundinamarca en agosto pasado. Con esa decisión, perdió fuero como gobernador y, por lo tanto, el juicio en su contra no será llevado ante la Corte Suprema de Justicia.