“Desde el año 2006 los colombianos hemos pagado más de 7 mil millones de dólares por el cargo por confiabilidad en el sector eléctrico. Ese cargo por confiabilidad es una especie deseguro que pagamos para mantener la oferta en firme de energía por parte de los generadores, sobretodo en momentos de estrés energético”, afirmó Duque.

De acuerdo con Duque, desde hace tres semanas viene denunciando en redes sociales que varias térmicas de este país están en una precaria situación financiera porque sus costos degeneración exceden el precio techo del precio de escases, y muchas de ellas han anunciado que esta situación financiera las puede conllevar a la quiebra.

“Entonces, se pregunta uno ¿qué pasó con el cargo por confiabilidad? ¿Por qué se está presentando esta situación? Y advertí que resolver esa situación no podía ser a costa del bolsillo de los consumidores. Y formulé más de 20 preguntas al señor Ministro de Minas y al señor Director de Planeación que nunca fueron contestadas”, cuestionó Duque.

A lo anterior, agregó: “El día de hoy, como si se tratara de un vaticinio, ya el Ministro de Minas le ha anunciado a los colombianos que son ellos los que van a pagar la factura después de haber pagado esos más de siete mil millones de dólares, y que fuera de pagar la factura vamos a seguir pagando el mismo seguro que no se pudo activar ante esta situación de estrés energético”.

Duque denunció que hay generadores hídricos en el país que están recibiendo el cargo por confiabilidad cuando los niveles de los embalses están por debajo de un ENFICC del 5 por ciento y no tienen posibilidad de asegurar esa firmeza de energía.

De igual forma, le preocupa también que haya un déficit de gas en la Costa Caribe colombiana de más de 60 millones de pies cúbicos, porque todo esto va a generar más estrés sobre el mercado energético y ahora se quiere ocultar con esta medida que le entra al bolsillo de los colombianos.

“Por tal razón yo quiero dejar acá denuncia que no hay derecho a la irresponsabilidad de este gobierno: haber dejado de actuar en los momentos que lo debió hacer, haber dejado de aplicar las normas de racionamiento programado cuando durante más de siete días estábamos viendo que superábamos el precio de racionamiento, y que hoy quiera que el pueblo colombiano pague con su bolsillo, en la situación económica del país, el desgreño administrativo y las fallas protuberantes en la regulación”, puntualizó.