A VUELAPLUMA

 Por Augusto León Restrepo

 El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en nombre del Estado colombiano y en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos  pidió perdón a las víctimas todas del más violento  y degradante acto de la historia contemporánea colombiana:  la toma del Palacio de Justicia por parte del movimiento subversivo M 19 y las  actuaciones sobrevinientes a raíz de la reacción de nuestras Fuerzas Armadas, los días 6  y 7 de noviembre de 1985. Era Belisario Betancur Cuartas nuestro Primer Mandatario, quien, con visión pacifista, había logrado algunos  diálogos para buscar el desarme de los subversivos y su incorporación, como civiles, con respeto a sus vidas, en las lides políticas del país. Nueve meses antes,  en agosto de 1984, en el municipio de Corinto, Departamento del Cauca, se  había suscrito el Acuerdo entre el Gobierno y el Movimiento 19 de Abril ( M 19) y el Partido Comunista de Colombia ( M- L ) y su organización guerrillera Ejército Popular de Liberación ( E P L ), firmado en representación del Estado y sujeto a la aprobación del Presidente de la República, como en efecto se hizo, por los políticos santandereanos Alfonso Gómez Gómez ( q. e. p. d. ) y Horacio Serpa Uribe,  el pereirano  Bernardo Ramírez ( q.e. p. d. ), Enrique Santos Caderón, hermano del actual gobernante de la nación, la novelista bogotana  Laura Restrepo y el tolimense Abel Rodríguez Céspedes, líder sindical del sector de la educación. Por el  Movimiento 19 de Abril ( M 19 ), los fallecidos Iván Marino Ospina, Alvaro Fayad,  Carlos Pizarro, Luis Otero, Gustavo Arias Londoño, Germán Rojas Niño, Marco Antonio Chalita, y también Antonio Navarro Wolff, Julia Jiménez y Otty Patiño Hormaza. Se disponía en el Acuerdo, entre otros puntos, un inmediato cese al fuego, proscripción de la retención de personas y de actos  terroristas, la convocatoria a un gran diálogo nacional y a un amplio debate con representación de las distintas fuerzas del país sobre temas  de reformas políticas, económicas y sociales en especial en los campos  institucional, agrario, laboral y urbano, de justicia, educación, universidad, salud, servicios públicos y régimen de desarrollo económico.

Duraron poco las buenas intenciones de las partes. En enero de 1.985, el M 19 anunció que rompía la tregua. Adujo ataques del ejército contra varios de sus integrantes y más adelante,  por el atentado en Cali en mayo de 1985 contra Navarro Wolff, que casi le cuesta la vida,  el Eme arreció sus ataques contra el establecimiento, que desembocaron en la cruenta toma de la Justicia, por iniciativa y estrategia guerrillera de Alvaro Fayad  y Carlos Pizarro León Gómez. Ni en las conmemoraciones de los cinco, diez, quince, veinte, veinticinco años, se había dicho y se había escrito tanto como ahora. Ni se habían resucitado leyendas ni convocados tantos fantasmas. Y hasta ratoneras salieron a relucir en las que mentes novelescas aseguran que el holocausto fue fríamente calculado por las fuerzas del Estado, que pusieron a los Magistrados de las Altas Cortes como señuelos indefensos que atrajeran a los comandos terroristas para asestarles golpes certeros que ocasionaran su total exterminio. Todos los integrantes del M 19 que participaron en la operación fueron muertos, unos treinta y cinco en total, pero el señuelo también fue devorado por los acontecimientos. Y dizque los militares iban por el Presidente, para darle un golpe de estado, pero de quien también se dijo que durante cuarenta y ocho horas, ya era rehén de los altos mandos, que fueron en últimas  quienes ordenaron, dirigieron y llevaron a cabo  el aborto del intento iluso de someter por las armas a dos poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Judicial, con los resultados y responsabilidades conocidos.

Yo estaba en Cali, en gestiones  relacionadas con las Contralorías departamentales y municipales del país. Habíamos convocado al Consejo Nacional de Contralores para discutir asuntos comunes. A eso del medio día del seis, nos informaron sobre la gravedad de lo sucedido en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Levantamos la sesión y regresamos a nuestras sedes. A partir de ese momento y durante muchos días, me pegué a la radio y a la televisión como miles de colombianos, lleno de congoja y repudio por lo que jamás ni siquiera nos  hubiéramos podido imaginar. Y expresé mi solidaridad con el gobierno nacional y con las Fuerzas Armadas, a la vez que deploré las muertes y las inmolaciones de las víctimas, cualesquiera que hubiesen sido. En esos momentos y ahora, repudié la demencial y delirante operación guerrillera, que pretendía que el Presidente Belisario Betancur atravesara la Plaza de Bolívar y se pusiera a órdenes de los  revoltosos para hacerle un proceso político, bajo el pretexto de que no se habían cumplido los acuerdos de Corinto y del Hobo. Inconcebible. Al entrar las tropas legítimas a la Plaza de Bolívar, empezó el operativo militar de lo que se ha llamado la retoma del Palacio de Justicia. Que una vez que se inició, fue incontenible.  Los soldados obedecen o se acaba la milicia. Ante las órdenes superiores, la deliberación racional no está permitida. Es para adelante. Y agréguense los himnos, las consignas, las banderas, el honor militar, la gloria para los héroes, el amor por la patria y las instituciones, el cobro de las ofensas recibidas, para que aparezca el » afiebramiento » de los combatientes. Los enfrentamientos armados enceguecen y producen desviaciones mentales. Al fondo, solo se ven los laureles de la victoria, las condecoraciones y los reconocimientos, lo que es válido tanto para la soldadesca como para la guerrillada. Estos dramáticos cuadros, sin tanta  intensidad desde luego, como en los desbordamientos de noviembre del 85, los hemos visto repetidos  en  nuestro trágico destino colombiano.

El Presidente Santos ha pedido perdón. Los líderes sobrevivientes del M 19, también. Belisario Betancur, de igual manera. Y  muchas viudas y  huérfanos  y exponentes de lo que llaman la opinión pública, han expresado que se quedaron cortos en sus lamentaciones de mea culpa.  Y algunos hasta pretenden que Belisario Betancur se inmole como victimario en un acto ordálico ante sus nuevos  catones, que olvidan que su juez natural, la  Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo absolvió en 1986 por las conductas asumidas como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, unos seis meses después de los hechos en comento y que aun así ha concurrido unas siete veces ante los jueces que lo han requerido. En una de estas intervenciones judiciales, que conozco de primera mano, expresó. “En los acontecimientos mencionados impartí a las Fuerzas Armadas la orden de mantener las instituciones y recuperar el Palacio de Justicia con las debidas precauciones para garantizar la vida de los rehenes…. la ejecución del operativo militar es de tracto sucesivo e inmediato. Por consiguiente, no se me consultaba cada paso, ni la manera como ese paso se iba a dar, porque ellos correspondían a la respectiva responsabilidad de los mandos militares que lo estaban ejecutando”. Por razones de espacio debo terminar y lo hago con la expresión y la esperanza de que algún día la verdad real y la judicial coincidan. Y que sea resplandeciente y sin aristas, para que salgamos de las lagunas que anegan nuestra memoria histórica, única forma de encontrar la anhelada reconciliación.