Adoptar, ¿cuestión de género?
Por Germán Cepeda Giraldo
Como todos sabemos la Corte Constitucional es un organismo judicial creado en 1971 para preservar todos los derechos adquiridos por los colombianos en su Carta Rectora (Constitución Política de Colombia). Además establece, en su condición de intérprete autorizado, las reglas jurisprudenciales sobre el alcance de las normas contenidas en la Constitución, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Carta Magna y el artículo 44 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.
Pues bien, se ha desatado toda una polémica en torno de un fallo de la Corte, en el sentido de que permite a parejas gay adoptar niños del (Icbf) Instituto colombiano de bienestar familiar.
No hay que rasgarse las vestiduras porque, mientras algunos sectores conservadores rechazan el lineamiento del ente protector, otros más liberales saludan con agrado y beneplácito la medida.
De manera, pues, que unos y otros se alistan, como si fueran a la guerra y preparan, todo un arsenal de textos jurídicos y lo ponen a su servicio para librar una dura batalla en los escenarios judiciales.
De una parte, algunos organismos como la Conferencia Episcopal, mediante un comunicado, fijó la posición de la Iglesia y confirmó que el fallo es “inmoral” porque, supuestamente, vulnera los derechos de los niños. “Ratificamos la firme convicción de que la familia conformada por hombre y mujer es el lugar privilegiado para brindarles a los niños las máximas garantías para su sano crecimiento y desarrollo, no solo en el ámbito material, sino también en el psicológico, afectivo, ético y moral”, dijo por medio de un comunicado el ente eclesiástico.
De otro lado, la comunidad gay, agrupada bajo la denominación LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) está de plácemes por el fallo y, además, se conoció en el programa de televisión «Los informantes», de boca de la congresista Angélica Lozano (Representante de la comunidad LGBTI) que: «Los niños adoptados son los hijos más deseados». Esto en favor de la niñez desamparada y maltratada.
Día a día hemos visto cómo esta comunidad LGBTI ha venido aumentando y adquiriendo poder; este colectivo hace parte de la mayoría de los sectores económicos de la Nación, presencia que les da no solo reconocimiento público, sino prestancia y poder decisorio.
Según una investigación llevada a cabo por la revista «Dinero» (hace 2 años) encontrábamos homosexuales en instituciones del poder económico y empresarial como: instituciones financieras, ministerios, Sena, en la industria, en las juntas directivas de las grandes compañías y, en general, en el agro, en la ingeniería, en el periodismo y hasta en el gabinete presidencial.
Durante la administración distrital (Bogotá, D.C.) de Lucho Garzón, el colectivo LGBTI tuvo muchos avances y logros jurídicos. Y fue bajo ese mandato cuando la Corte arropó a los homosexuales con sus fallos.
Se avecina una nueva polémica ante el inminente fallo por parte de la Corte Constitucional, que se ve llegar, respecto de la posible aprobación del matrimonio gay.
Y aunque no hay cifras oficiales acerca del número de integrantes de la comunidad LGBTI se sabe que hoy por hoy son más visibles y, por lo tanto, determinantes en la vida nacional.
Y ya para concluir permítanme hacer una corta reflexión: Si una pareja heterosexual, que cuenta con todas las garantías, tanto del Estado como de la Iglesia, no puede criar en condiciones normales a un niño, entonces ¿por qué una pareja gay, que ofrece amor y bienestar económico, no lo puede hacer en igualdad de condiciones ante el Estado?