Más allá de Medellín

Los fenómenos de criminalidad organizada superan la capacidad local y trascienden las fronteras de la ciudad, del Área Metropolitana y del Departamento.

Por: Hugo Acero Velásquez

En el tema de seguridad ciudadana, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puso el dedo en la llaga sobre los retos inmediatos a nivel urbano, al señalar la presencia, accionar y control territorial del crimen organizado en su ciudad, situación que no es ajena a la mayoría de las principales urbes del país, donde crecen y se consolidan el microtráfico, que es narcotráfico; la extorsión, la explotación sexual, en especial de menores; la trata de personas, el robo y la comercialización nacional e internacional de celulares, el comercio de armas de fuego, el control y explotación mafiosos del espacio público, los préstamos ‘gota a gota’, el turismo sexual y el aumento de casinos, tragamonedas, moteles, residencias e iglesias que blanquean recursos de crimen organizado.

Un proceso de varios años de profesionalización y consolidación criminal que hoy pone en entredicho la capacidad del Estado para controlar estas acciones, que afectan la seguridad de los ciudadanos y la legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia, que en algunos casos están siendo cooptadas a través de la corrupción, como lo denuncia el alcalde.

Frente a la complejidad de estos problemas, se requiere el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad y justicia, a través de la investigación criminal y la inteligencia, así como la coordinación de los gobiernos nacional, municipales y departamentales, y lo primero que hay que hacer es compartir y estar de acuerdo con los diagnósticos sobre las dificultades y los actores que las provocan.

En el caso de Medellín, los fenómenos de criminalidad organizada superan la capacidad local y trascienden las fronteras de la ciudad, del Área Metropolitana y del Departamento, en la medida en que estas organizaciones ilegales, desde los años 80, le han sabido sacar provecho a la posición estratégica de la ciudad, por donde pasa toda la malla de vial del departamento, lo que garantiza conectividad y control sobre siete regiones importantes del noroccidente del país.

La primera, el medio y bajo Atrato, desde Quibdó hasta la desembocadura en el golfo de Urabá, donde las Farc, el Eln y grupos criminales comparten y se disputan el control de este corredor natural.

La segunda, hacia el nudo de Paramillo, donde hay disputas por el control de los cultivos ilícitos y el corredor hacia Córdoba, Urabá y Panamá.

La tercera, pasando por Murindó hasta el nordeste, zona de protección de Urabá, donde Dabeiba, Ituango, Peque y Anorí, unidos a Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquía, conforman un corredor de cultivos ilícitos.

La cuarta va desde El Bagre hasta Santo Domingo (nordeste), donde se juega el dominio por los recursos naturales, los cultivos ilícitos y el acceso al sur de Bolívar. La quinta, hacia el oriente antioqueño, donde los recursos hídricos, las líneas de transmisión, la autopista Medellín-Bogotá y los cultivos de coca del piedemonte hacen apetecible esta zona.

El sudoeste es la sexta, escenario donde, desde hace años, primero los grupos paramilitares y ahora bandas criminales tienen presencia, a través de la extorsión.

Y la séptima, los municipios del valle de Aburrá, en especial Medellín, Bello, Itagüí y Envigado, desde donde operan las cabezas y estructuras principales del crimen organizado.

Como se puede ver, sin la participación decidida del Gobierno Nacional, del departamento, de las autoridades de seguridad y justicia y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para controlar los recursos ilegales, va a ser muy difícil controlar las actividades del crimen organizado que hoy operan en esa y en otras ciudades importantes del país.