Comunidades indígenas rechazan implementación de zonas de concentración de las Farc en sus territorios
Las comunidades indígenas del país notificaron en las últimas horas al gobierno nacional que “en coherencia con nuestros principios de vida y autonomía”, no aceptan la implementación de las zonas de concentración de las Farc en sus territorios indígenas y al mismo tiempo advirtieron que la implementación de los acuerdos de La Habana en los resguardos “no se puede realizar sin la debida consulta y consentimiento con las Comunidades y Pueblos Indígenas”.
Las precisiones las hacen en un comunicado emitido por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), en el cual resaltan que los Pueblos Indígenas de Colombia son una de las principales víctimas del conflicto armado, pues afirman que sus territorios “han sido desarmonizados a causa de la guerra, nuestros niños, niñas y jóvenes reclutados, nuestras mujeres abusadas, líderes, guardias indígenas y autoridades espirituales han sido asesinados por defender nuestros derechos, se nos ha impuesto el poder y control de las armas de un lado y del otro”.
Las comunidades indígenas exigen que se reconozca efectivamente el derecho a la autodeterminación, se brinden las garantías y condiciones reales para la reparación a los Pueblos Indígenas afectados por el conflicto armado y plantean que la comisión étnica conformada por autoridades indígenas y afro descendientes se reuna con el equipo negociador en La Habana para concertar los principios, criterios, metodologías y propuestas para salvaguardar los derechos de estos pueblos y comunidades en la implementación de los acuerdos pactados.
En el comunicado la ONIC anuncia la realización “una gran Minga y movilización con un pliego de Unidad, antes de la suscripción de los acuerdos de La Habana”.
“Los Pueblos Indígenas consideramos que la paz en nuestro país debe construirse con enfoque territorial y étnico, en aras de consolidar una paz sostenible. Así, esperamos acciones de respeto a nuestros Pueblos y una respuesta inmediata a nuestras exigencias y propuestas”, puntualiza el escrito.
No obstante, la ONIC advierte que “en diversos escenarios hemos manifestado el respaldo al proceso de diálogo adelantado entre las Farc-ep y el Gobierno Nacional, de igual manera, hemos insistido en la necesidad apremiante de oficializar la negociación con el Eln, y así, contar con un proceso de paz integral. Para los Pueblos Indígenas, el diálogo es el único camino que vale la pena emprender”.
Así mismo señala que las comunidades indigenas reconocen que los cuatro puntos acordados en este proceso de negociación constituyen un avance significativo para la terminación del conflicto armado, pero manifiestan profundas preocupaciones e inconformidades, y plantean las siguientes denuncias, exigencias y propuestas, de cara a este proceso:
Denunciamos que:
Que en el trascurso del proceso de paz Gobierno-FARC, en nuestros territorios continúan las amenazas, asesinatos y desplazamientos de las comunidades.
Se ha incrementado la estigmatización, persecución y judicialización a nuestros líderes, así como el desconocimiento de derechos como la Jurisdicción Especial Indígena por parte de la institucionalidad colombiana. Tal es el caso emblemático de nuestro líder Feliciano Valencia
Ha aumentado la presencia de la guerrilla de las FARC, realizando acciones de reclutamiento y campañas de desprestigio de nuestras autoridades y organizaciones. De igual manera, el ELN intensificó su accionar en territorios indígenas
Las empresas de extracción minera avanzan sin el consentimiento de las comunidades, de la mano de actores armados sin control alguno de autoridades competentes.
La recién promulgada Ley de Zidres, está en contravía de los acuerdos parciales de La Habana, los derechos de los pueblos y en general, los derechos del sector agrario colombiano.
Ad portas de la firma de los acuerdos para la terminación del conflicto armado, no se han tenido en cuenta las voces de los Pueblos Indígenas y afrodecendientes, pese que de manera reiterada y enfática hemos solicitado espacios para la interlocución, amparados en la normatividad nacional e internacional.
Considerando la importancia y trascendencia de este proceso de paz, EXIGIMOS:
En coherencia con nuestros principios de vida y autonomía no aceptamos la implementación de las zonas de concentración en nuestros territorios indígenas, pues desconocemos el impacto y las afectaciones que los mismos tendrán en nuestra identidad, autonomía y pervivencia como pueblos.
Asimismo, reiteramos que la implementación de los acuerdos de La Habana en los territorios indígenas no se puede realizar sin la debida consulta y consentimiento con las Comunidades y Pueblos Indígenas.
Se reconozca efectivamente el derecho a la autodeterminación para la definición, construcción y desarrollos de las experiencias de restablecimiento de la armonía en los territorios indígenas. Nosotros debemos y podemos, desde nuestra sabiduría, experiencia y cosmovisiones, construir los caminos para la reconciliación y convivencia en nuestros territorios.
Se brinden las garantías y condiciones reales para la reparación a los Pueblos Indígenas afectados por el conflicto armado, y se implemente de manera integral el Decreto 4633 del 2011, ya que a la fecha los avances y los recursos asignados son incipientes.
Se genere e incluya el debate sobre el modelo económico y la política minero- energética en los territorios indígenas, reconociendo que la paz para los Pueblos Indígenas significa el respeto y armonía con la Madre Tierra.
Para avanzar en este camino hacia la construcción de paz, PROPONEMOS:
Reconocer la Guardia Indígena Nacional como agente de paz que actué como mecanismo de apoyo a los procesos de veeduría al cese bilateral del fuego y la dejación de armas, así como para la realización de control en los territorios donde se realizarán experiencias de restablecimiento de la armonía territorial.
Garantizar, antes de la firma de los acuerdos, que la comisión étnica conformada por autoridades indígenas y afro descendientes interlocute con el equipo negociador en La Habana para concertar los principios, criterios, metodologías y propuestas para salvaguardar los derechos de estos pueblos y comunidades en la implementación de los acuerdos pactados.
Invitamos al conjunto de las organizaciones sociales y nuestras organizaciones indígenas a participar la realización de Cumbres Regionales, Sectoriales y Nacional de Paz para contribuir a la construcción y desarrollo de una paz con justicia social desde los territorios, que articule y fortalezca el conjunto de iniciativas que viene impulsando el movimiento social.
Convocamos a la Sociedad Civil Colombiana, a los diferentes sectores sociales y políticos colombianos a una gran Minga y movilización con un pliego de Unidad, antes de la suscripción de los acuerdos de La Habana.
