Dramática radiografía de los estragos de la minería ilegal en Colombia presenta la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo presentó este lunes un dramático panorama sobre los estragos que está causando la minería ilegal en seis departamentos del territorio colombiano, que van desde el despilfarro de 13 millones de metros cúbicos de agua al año, la destrucción de más de 16 mil hectáreas de bosques, el derrame de combustibles, hasta la muerte selectiva y por accidentes de numerosos colombianos.
La radiografía es producto de las inspecciones realizadas en las regiones más afectadas por el fenómeno promovido por los grupos armados ilegales, que en unos casos administran directamente las explotaciones y en otros cobran grandes sumas de dinero por el volumen de producción y el uso de la maquinaria.
En un comunicado, la Defensoría hace las siguientes precisiones:
La Defensoría del Pueblo realizó brigadas de inspección en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar, donde podrían presentarse graves emergencias asociadas a la remoción de enormes volúmenes de tierra y a la incidencia de esta actividad respecto al cambio climático.
En desarrollo de una brigada humanitaria de inspección en 6 departamentos del país, la Defensoría del Pueblo evidenció el grave impacto de la minería ilegal en esas regiones, donde el fenómeno persiste con gran fuerza, no obstante, las operaciones de las autoridades, que según cifras del Ministerio de Defensa, intervinieron cerca de 2.000 complejos de esa naturaleza durante 2015.
Los hallazgos en zonas rurales de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar, están discriminados así:
- Despilfarro del recurso hídrico (acentuado en temporada de sequía), asociado al uso indiscriminado de 13 millones de metros cúbicos de agua al año, los cuales son devueltos en condiciones de alta toxicidad por el vertimiento de sustancias como el mercurio y el cianuro.
- Derrame de combustibles como la gasolina y el ACPM (utilizados para el funcionamiento de dragas y retroexcavadoras), y emisión de gases de efecto invernadero por la quema de los hidrocarburos.
- Deforestación de bosques naturales y demás ecosistemas (en promedio 16.700 hectáreas por año) para el apalancamiento de las minas, y deterioro de actividades básicas como la pesca y la agricultura, especialmente golpeadas durante el fenómeno de El Niño.
- Carencia de medidas de higiene, seguridad (respecto al uso de explosivos, por ejemplo) y excavación técnica para el trabajo al interior de los socavones. (Se encontraron personas hospitalizadas por intoxicación con los químicos utilizados).
- Ausencia general de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.
- Injerencia de los grupos armados ilegales, quienes generan extorsiones mediante el cobro de tarifas por el volumen de producción y el uso de la maquinaria, sin contar aquellos casos donde las mismas organizaciones criminales patrocinan la explotación para financiar sus acciones delincuenciales.
- 350 títulos que, pese a ser fiscalizados por la Agencia Nacional Minera, no cuentan con licencia ambiental.
Lo anterior hace que no sólo se causen muertes por accidentes asociados a los riesgos que implica la minería en condiciones de campo absolutamente precarias (las cuales al superarse el fenómeno de El Niño podrían ocasionar graves emergencias por la remoción de enormes volúmenes de tierra), sino que adicionalmente se producen asesinatos selectivos y amenazas contra los líderes de las comunidades resistentes al ingreso de la maquinaria, o que son desplazadas de la extracción aurífera artesanal.
Y es que en el tema de la minería, las actividades ilegales (incluyendo aquellas asociadas a la criminalidad) representan el 56 por ciento del sector, razón por la cual además del esfuerzo de las Fuerzas Armadas, resulta fundamental el concurso de los nuevos alcaldes y gobernadores en los territorios, así como la expedición de un marco regulatorio especial, dado que los controles administrativos son insuficientes.
En medio de este panorama, agravado por las actuales circunstancias en materia de cambio climático y sequía, son alentadores los anuncios del Gobierno respecto a un plan de formalización con plazo a 2 años, a fin de que esta actividad entre en cintura y exista un monitoreo estricto a los complejos de extracción, para que se respeten y garanticen los derechos fundamentales a la salud, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad pública de los colombianos. La Defensoría estará atenta a los resultados de la estrategia.
