La ONU con los ojos en la biodiversidad y los ecosistemas

El estado y futuro de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos se debate en terrenos cenagosos, si se considera que este es el significado de las palabras Kuala Lumpur y se revisa el informe Little Green Data Book 2015, publicación anual del Banco Mundial que recopila cifras de desarrollo e indica, entre otros, que solo el 31,1 % del planeta cuenta con zonas boscosas, el 38 % del total del área de la Tierra se utiliza para la agricultura, el 14,3 % de la superficie terrestre y un 12,2 % de aguas territoriales son protegidas y, además, un total de 27.324 especies entre peces, plantas, aves y mamíferos están amenazadas.

Los informes de los últimos años, revelados por el Banco Mundial, demuestran que el número de especies amenazadas aumenta con rudeza mientras los índices de protección de aguas y territorios se mantienen con discreción.

No es eventual, entonces, que temas relacionados con la protección del planeta sean motivo de debates, ocupen las agendas de medios de comunicación o inspiren a gobiernos como Colombia a participar de iniciativas conjuntas con la ciencia para revisar, evaluar y analizar información sobre conservación y utilización razonable de la diversidad biológica, el bienestar de los seres humanos a largo plazo y el desarrollo sostenible.

Tal es el caso de IPBES, que realiza su cuarta plenaria en la capital federal y legislativa de Malasia, entre el 22 y 28 de febrero de 2016. Allí, delegaciones de los países miembros de este Programa global y autónomo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se reúnen para presentar avances y resultados de las evaluaciones que desde hace cuatro años adelantan cerca de mil expertos en líneas temáticas como polinización y polinizadores, ecosistemas degradados y restauración, uso sostenible, especies exóticas e invasoras, conocimientos indígenas y locales, creación de capacidades y herramientas de política, entre otros.

En su visita al país el año anterior, María Elena Zaccagnini, líder para la evaluación regional América y el Caribe de la IPBES, destacó la diferencia de este ejercicio con respecto a otros: “este reporte pone al mismo nivel las relaciones de la sociedad con la naturaleza,” pues al integrar los saberes de las comunidades indígenas y locales se evidencian los distintos actores que transforman los ecosistemas y los servicios que estos prestan a la sociedad.

Por su parte, Colombia participa desde tres frentes de trabajo: uno de ellos es el Panel Multidisciplinario de Expertos (MEP) encargado de orientar las decisiones globales en temas de biodiversidad e integrado por un selecto grupo de 25 autoridades mundiales en el tema, del cual Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, es miembro hasta 2018 en representación de América Latina y el Caribe.

En entrevista previa, Baptiste mencionó que su nombramiento «garantiza una mejor implementación de políticas para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en nuestro país, en concordancia con los principios rectores definidos por la comunidad científica internacional”.

En un segundo frente, nuestro país hospeda –en el Instituto Humboldt– una de las cinco Unidades Técnicas de Apoyo (TSU), que en otros contenientes alojan prestigiosas entidades como el Consejo Sudafricano de Investigaciones Científicas e Industriales, el Instituto Japonés de Estrategias Ambientales Mundiales y la Universidad Suiza de Berna.

Las TSU apoyan la realización de la evaluación en biodiversidad y servicios que ofrecen los ecosistemas a los habitantes de mundo, así como la articulación de las investigaciones e informaciones que estas arrojan en cinco regiones del Planeta. Un total de seis capítulos conformarán el documento final que sintetice los hallazgos de más de mil días de trabajo de campo en climas extremos y terrenos, a veces, primitivos.

Al respecto de la evaluación, Mauricio Bedoya, Coordinador TSU para las Américas, dijo: “el informe englobará el pasado, presente y futuro de la diversidad biológica y los ecosistemas, lo que se prevé que la sociedad enfrentará en los próximos 40 años y opciones para la toma de decisiones, entre otros”.

Finalmente, el tercer frente en IPBES está en el Plenario en el que cada país, a través de su delegación, participa en las discusiones, decisiones y compromisos que marcan la agenda de trabajo de los gobiernos, por espacio de un año, para el cumplimiento de los objetivos de la Plataforma.

El desarrollo y compromiso del país ante IPBES está a cargo de un Comité Nacional conformado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de Ministerio de Relaciones Exteriores, Parques Nacionales Naturales de Colombia, los institutos del Sistema Nacional de Investigación Ambiental (Sina): de Investigación Científica para la Amazonia (Sinchi), de Investigación Ambiental del Pacífico (IIAP), de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que a su vez es punto focal de la Plataforma en el país.

Ana María Hernández, jefe de delegación del Estado colombiano ante IPBES y de la Oficina de Asuntos Internacionales y Política del Instituto Humboldt, destacó la importancia de la participación del país en esta Plataforma: “El Estado para tener unas decisiones adecuadas, coherentes y trasparentes en el manejo de su medio ambiente y recursos naturales, que cumplan con lo planteado en su plan de desarrollo, debe conocer lo que tiene y asumir los vacíos de conocimiento para integrarlos a sus programas de acción y resolverlos. En ese sentido, IPBES es un mecanismo innovador que ofrece información, aporta a la creación de capacidades y genera espacios favorables para la toma de decisiones adecuadas y acertadas en distintos escenarios y en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos”.

La IPBES es más que una herramienta que identifica y prioriza información científica clave en temas de biodiversidad y servicios ecosistémicos, pues simultáneamente resignifica la relación ciencia–Estado, en la que el diálogo y la necesidad mutua son el insumo para la generación de políticas públicas que minimicen riesgos y potencien posibilidades en materia de desarrollo sostenible.