Santiago Uribe será enviado a guarnición militar de Bello
Santiago Uribe, primera fotografía tras su captura. Foto: Blu Radio
_ A una guarnición militar en el municipio de Bello, Antioquia, será trasladado Santiago Uribe Vélez, en cumplimiento de la medida de aseguramiento que le impuso por la Fiscalía General, por la presunta conformación y financiación de la organización paramilitar denominada “Los 12 Apóstoles”.
El Inpec realizó el análisis de la solicitud de la Fiscalía General para establecer que, por cuestiones de seguridad y de arraigo familiar, el capturado debería ser trasladado al batallón Pedro Nel Ospina.
La medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía deberá continuarse en este lugar, hasta se resuelva su situación jurídica, ya sea para citar a juicio por los cargos imputados o en su defecto, para archivar la investigación.
Hay que recordar que Santiago Uribe está siendo investigado por la Fiscalía, según el ente acusador por los delitos de concierto para delinquir por la conformación de grupos armados ilegales y homicidio agravado.
La defensa Uribe Vélez presentará una solicitud para que se dicten medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el argumento de que se le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia, siempre que era injustificada la medida de aseguramiento en su contra.
La Fiscalía tiene tres testimonios que señalan a Uribe como partícipe en las reuniones en las que se presentó la idea para conformar un grupo armado en la región, para que hiciera las veces de un ejército privado que protegiera a ganaderos, hacendados y empresarios de los grupos guerrilleros y sus acciones.
Se dice que la reunión mencionada tuvo lugar en la finca La Carolina y que este clan habría participado en centenares de homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones en la región, además de contar con apoyo de las autoridades nacionales.
Procuraduría pide revocar medida de aseguramiento a Santiago Uribe
Por considerar que se vulneraron derechos y garantías fundamentales, la Procuraduría General de la Nación apeló la medida de aseguramiento que se le impuso a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, por su presunta implicación en la conformación del grupo paramilitar conocido como “los 12 apóstoles”.
El ministerio público pidió revocar la medida aseguramiento preventiva, sin derecho a libertad provisional en contra de Uribe Vélez, que hizo efectiva la Fiscalía General de la Nación el pasado lunes 29 de febrero en la ciudad de Medellín, luego de lo cual el empresario antioqueño fue trasladado a Bogotá y recluido en el bunker del organismo investigador.
En el comunicado, la Procuraduría afirma que luego de analizar los fundamentos planteados por el órgano investigador para la imposición de la medida, es claro que estos no son adecuados según los lineamientos legales y constitucionales propios del ordenamiento jurídico, considerando así, que los fines necesarios para imponer la medida de aseguramiento no se encuentran satisfechos y en consecuencia debe revocarse la misma por ser improcedente.
Frente a la posible no comparecencia del sindicado al proceso, es evidente que dichos elementos fueron despreciados, pues es el mismo fiscal quien en su escrito reconoce que el señor Santiago Uribe Vélez ha concurrido a los llamados de la justicia a lo largo de la investigación previa y de instrucción y que ciertamente se trata de una persona con arraigo social y familiar, señala la apelación presentada por el Ministerio Público.
A lo anterior, la Procuraduría agregó que no es acertado partir para la imposición de la medida de aseguramiento de la mala fe del procesado, quien ha asistido siempre que ha sido citado, y, además, nunca ha demostrado o se ha comportado de una manera que demuestre algún deseo de evadir la acción de justicia.
De igual forma, el Ministerio Público deja claro que la medida de aseguramiento es un mecanismo excepcional que debe buscar imponerse cuando sea estrictamente necesario, bajo rigurosos criterios de necesidad y proporcionalidad, siendo inadecuada la imposición de una medida intramural por la sola connotación o gravedad del caso.
La Procuraduría General de la Nación continuará ejerciendo en este y en todos los casos su función de intervención, de acuerdo a la constitución y la Ley, en cumplimiento de sus funciones en la garantía de los derechos de las partes y el debido proceso.
