Escalamiento de sapos

Por: Sofía Gaviria Correa*

 A la hora de hablar de la ratificación de los acuerdos de La Habana, parece que los irredentos de estas negociaciones están utilizando una estrategia de “escalamiento”, hacia una generosidad ilimitada de los colombianos:  periódicamente, lanzan una idea-proyectil a la opinión pública y, cuando, por cansancio en la discusión, pareciera que el público ya está resignado a tragarse ese “sapo”, lanzan un “sapo mayor”. Y así sucesivamente, hasta alcanzar lo que han buscado desde el principio, que es lograr que los grandísimos triunfos en la negociación que han conseguido las Farc sean blindados indefinidamente.

Veamos:

–      Al haber prometido que los acuerdos serían refrendados por los colombianos y al saber que había alto riesgo de que los mismos los desaprobaran en un referendo, el Gobierno propuso un plebiscito. Y, temiendo que el elector primario no lo acompañara en los porcentajes en que lo haría durante un gobierno de alta popularidad, dispuso que en tal plebiscito se recortara la exigencia de participación mínima, propia de toda herramienta de este tipo.

–      Considerando que, al someter la refrendación a un plebiscito acomodado, este fácilmente puede ser hundido en la Corte o en las urnas (dado el descontento de los colombianos, en cuanto al contenido de los acuerdos sobre víctimas y sobre justicia), los irredentos del proceso le apostaron a un acto legislativo que, en un país ya presidencialista, concedería poderes extraordinarios al Presidente de la República.  Ahora, la participación que quiso mutilarse no fue la del electorado, sino la de sus representantes: los parlamentarios, porque pretendía impedir que todos los congresistas que fuimos elegidos participáramos en la discusión.  Con el agravante de que formulaba para la aprobación de este acto legislativo un procedimiento expedito que se saltaba cualquier procedimiento legal utilizado en los procesos de paz anteriores.

–      Últimamente, nos hemos encontrado con el galimatías de que, además de que tengamos que tragarnos el engendro jurídico del Acto Legislativo para la Paz, algunos digan que lo pactado en La Habana debe ser un acuerdo especial que, por su propia dimensión, tenga peso de tratado internacional y sea elevado a carácter constitucional.

Desde noviembre del año pasado, escuché a algunos expertos vaticinar el lanzamiento de ese esperpento de “acuerdo especial”. Pero todos esos conocedores tenían desde entonces claridad en que, al ser el nuestro un conflicto interno, los acuerdos de La Habana en ningún momento pueden ser considerados como un tratado entre dos Estados, que es lo que pretenden rebuscadamente los negociadores.  Ninguna relación puede tener con el artículo 3 de los Convenios de Ginebra, pues estos sólo buscan humanizar la guerra y no aplican para la finalización de conflictos internos.

Sin duda alguna, la idea de que, por esta vía, se conceda rango constitucional a unos acuerdos inadecuados es un ataque directo a la institucionalidad.

Si constitucionalizar todos los asuntos del país es un abuso de la constitución, mucho más lo es si se pretende integrar a la Carta, por mecanismos apócrifos, disposiciones que claramente sustituyen a la Constitución. Y peor aún, cuando estas la contradicen claramente, como en lo relacionado con la no aplicación de condenas ejemplares y su cumplimiento real y efectivo, así como la elegibilidad política de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.

De toda esta ebullición de ideas disparatadas, lo que el grueso de los colombianos podría leer es que las Farc, se están saliendo de nuevo con la suya.  Pero esta sarta de improvisaciones, de abusos de poder y de embates contra la democracia y la institucionalidad no conducirán a darles a los acuerdos ningún viso de legalidad, sino que, por el contrario, están socavando el objetivo de todas esas equivocaciones, que es el de garantizar la legitimidad del acuerdo y de blindar lo pactado para que, en últimas, las Farc queden tranquilas.

Si continúa así el panorama, este flojo acuerdo de tinieblas, no sólo no traerá justicia, ni verdad, ni reparación, sino que, sobre todo, no podrá representar el fin del conflicto.

*Presidenta Comisión de Derechos Humanos del Senado

Presidenta Honoraria Federación Colombiana de Víctimas de las Farc