Repensar el desarme
Por: Juan Manuel Galán*
El 2 de octubre del año pasado, un día después de la tragedia ocurrida en un centro de enseñanza en Roseburg, Oregón, en el que al menos diez personas perdieron la vida a manos de Chris Harper, la BBC publicó la noticia con un titular alarmante: «En los últimos 10 años hubo más muertos por tiroteos que por ataques calificados de “terroristas” en EE. UU». Tan sólo 8 meses después y con varios casos de por medio, la historia se repitió en Orlando. Un hecho que ha sido denominado como el peor tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos.
Este lamentable hecho abrió nuevamente un intenso debate sobre prohibirle a la población civil la tenencia de armas de fuego. Aunque parece una medida sensata, divide a los estadounidenses, entre quienes reivindican su derecho a la posesión y tenencia de armas para la defensa de sus intereses y quienes la ven como un riesgo adicional para su seguridad.
Trasladando el debate a Colombia, y sin desconocer las diferencias con el caso estadounidense, nuestra realidad no es menos preocupante. Y es que si bien la legislación colombiana es más estricta en cuanto a quién puede adquirir, tener o portar legalmente un arma de fuego, la situación social es mucho más complicada.
Reconozco los logros alcanzados por la política prohibicionista que se empezó a aplicar en el país a partir del 23 de diciembre del año pasado y que, de acuerdo con la Policía, ha dado resultados favorables. Tan sólo en los primeros días de aplicación de la medida, decretada por el Gobierno nacional, hubo una reducción al final en el 2015 de 13% en casos de homicidio y se pronostica que la reducción de los homicidios al final de este año alcanzará el 20%.
Sin embargo, no se pueden subestimar otros indicadores: según cifras del Ministerio de Defensa y del CERAC, cerca de 2,5 millones de armas son ilegales en el territorio nacional y se reportan 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, el 82% de las víctimas mueren por armas de fuego. Una cantidad alarmante que puede agravar la situación si se tienen en cuenta la presencia y actuar de los grupos armados ilegales y las bandas criminales.
Estos hechos deben provocar un debate nacional sobre los posibles riesgos y beneficios de tener una sociedad desarmada, más ahora que nos aproximamos a un nuevo capítulo en nuestra historia que exigirá de cada colombiano, confianza en las instituciones y en el otro.
